No es sorpresa que estén surgiendo ya fuertes dudas sobre la forma en que se manejaron los fondos en la construcción de las obras de ampliación y remodelación del aeropuerto La Aurora, puesto que no sólo el precio está siendo mucho mayor de lo que se dijo inicialmente, lo que es una constante con cualquier obra de importancia en el país, sino que además el Gobierno escogió el camino de contratar a un organismo internacional, la OACI, para que administrara los fondos y de esa cuenta se han librado de la obligación constitucional de que sea fiscalizado hasta el último centavo del proyecto.
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Como siempre pasa, me imagino que habrá alguna bulla sobre el particular, durante unos pocos días, y todo quedará sin consecuencias de ninguna naturaleza. La población sabrá que hubo mano de mono en la obra, pero nadie será responsable del desmadre porque así es como funcionan las cosas en nuestro país. Si los puntos oscuros de ese proyecto fueran consecuencia de los manejos de alguien como Portillo, tendríamos para ver día tras día, durante semanas, nuevos hallazgos realizados por eficientes equipos de investigación, pero como se trata de negocios realizados por el gobierno de empresarios, respecto del cual ha habido una extraordinaria tolerancia, el asunto será pasajero y nadie será siquiera investigado.
Pero el precedente tiene que servir para exigir al nuevo gobierno que abandone esa práctica que se ha institucionalizado en el país de estar administrando las obras mediante contratos suscritos con entidades internacionales que de una u otra manera utilizan su «inmunidad diplomática» para ir escamoteando informaciones a las autoridades.
La falaz expresión de que esas entidades internacionales no se van a prestar a chanchullos es una burla a la población porque hasta entidades privadas internacionales de supuesto gran prestigio se han visto envueltas en marufias de todo tipo, no digamos instituciones controladas por burócratas internacionales que no se diferencian gran cosa de los nacionales en cuanto a sus ambiciones e intereses. La expresión de que no hay obra sin sobra fue popularizada por la declaración de un funcionario internacional que de esa manera justificó los excesos en el famoso PACUR.
Si el principal argumento para desvirtuar dudas sobre malos manejos es que entidades como la OACI no se prestan a trinquetes estamos fritos, porque esa organización no forma parte de ninguna corte celestial y está compuesta por seres humanos con las mismas ambiciones y debilidades que tienen los que se enriquecen aquí y en la China con el dinero público. La única diferencia es que en la China a un funcionario ladrón lo fusilan, mientras que aquí todo depende de su «alcurnia» porque si es shumo y pelado puede ser perseguido, pero jamás si se le ve como de alcurnia y postín.
Por principio tenemos que suponer que cualquier obra en la que se utiliza un modelo de administración financiera que pretende evadir el control que constitucionalmente debiera realizar la Contraloría de Cuentas está generando corrupción. No hay otra explicación, por más vueltas que le quieran dar al tema y babosos los que no se den cuenta.