La institucionalidad en nuestro país se caracteriza, a partir de la intervención norteamericana, por la sucesión de juntas castrenses, gobiernos impuestos, golpes militares y una democracia que no es formal ni representativa, sino secuestrada. De 1954 a la fecha, la élite dominante y el imperialismo estadounidense han decidido que ello sea así. Aunque algo avancé al respecto, se hace necesario puntualizar algo de lo ya publicado (La Hora, 20 y 27 de agosto de 2008).
En cuanto a la renuncia del dictador Ubico (1 de julio de 1944), el golpe militar contra Ydígoras Fuentes (30 de marzo de 1963), la salida del gobierno de Serrano Elías (29 de mayo de 1993), y el asesinato de Castillo Armas (26 de julio de 1957), corresponde puntualizar algunos aspectos que pueden contribuir a precisar y situar el papel de la élite de potentados del país y el gobierno estadounidense.
En el caso del dictador Jorge Ubico, ante la embestida cívico-ciudadana contra la tiranía, los ricos de entonces y la Embajada estadounidense dejaron que renunciara a cambio de garantizar el continuismo y sustituirlo por un triunvirato militar encabezado por el general Federico Ponce Vaides. Ponce Vaides fue derrocado por la gesta cívico-militar de la madrugada del 20 de Octubre de 1944.
De una forma parecida, procedieron en la caída del general Miguel Ydígoras Fuentes. Ante el peligro potencial de que el ex presidente Juan José Arévalo lanzara su candidatura presidencial, Ydígoras fue depuesto por su propio ministro de la Defensa, a quien lo apoyaron en forma incondicional y no vacilaron en alentarlo a darle continuidad al terror gubernamental contra la oposición política, social y popular e iniciar el proceso de institucionalización de la contrainsurgencia como política de Estado.
En las condiciones de mayo de 1993, las élites no dudaron en defenestrar a Jorge Serrano Elías, proceder a un ajuste y reacomodo político e institucional a fin de asegurar la continuidad de la estructura de poder y el régimen institucionalizado en 1986.
En el asesinato de Castillo Armas, desde que ocurrió, se supo de la participación de agentes de Somoza y Trujillo. Todo indica que para el sátrapa nicaragí¼ense y el autócrata dominicano, había llegado el momento de hacer a un lado al caudillo liberacionista, que las autoridades y los servicios de inteligencia y espionaje estadounidenses no lo supieran o no lo hubieran propiciado y los adinerados del país no estuvieran al tanto de lo que se urdía en la región y alrededor de la Casa Presidencial como resultado de la inestabilidad prevaleciente en Centroamérica y el Caribe y la complicada y crítica situación en el país.
Además, después de la renuncia del presidente Arbenz, la embajada estadounidense no tenía todavía resuelto si quien aparecía como cabecilla de la invasión mercenaria, era el más indicado para hacerse cargo del poder político y sólo fue -en estado de sitio y mediante un plebiscito con el que se obligó a la ciudadanía a que de viva voz manifestara si estaba o no de acuerdo que Castillo Armas fuera así «electo»- que el 1 de septiembre de 1954 asumió la Presidencia que venía ejerciendo de facto, luego de varias juntas militares que se sucedieron a partir del 27 de junio.
Lo hasta aquí puntualizado, permite establecer -y los hechos lo confirman- que las clases dominantes y el imperialismo estadounidense han tenido en sus manos el control de la institucionalidad en el país y que así como apoyan y utilizan a quienes representan, defienden y salvaguardan sus intereses, llegado el momento prescinden de ellos sin ningún miramiento, escrúpulo ni consideración. Y ello es así en tanto que las instituciones (superestructura) que se asientan en el sistema imperante (estructura), corresponden a sus intereses de clase.
En una sociedad concreta, su estructura corresponde al modo de producción en un momento dado. La estructura determina el carácter y naturaleza de la organización social, sus leyes, gobierno, instituciones, concepciones políticas y morales, creencias religiosas, educación, cultura y qué hacer artístico.
De lo apuntado se deduce, entonces, que a todo cambio estructural corresponda un cambio en la superestructura. Esto no se ha dado en el país.
La historia de los últimos 54 años confirma que cuando al modo de producción imperante (atrasado y dependiente) corresponde una institucionalidad (en prolongada crisis de agotamiento y caducidad) y a cargo de jefes de juntas militares de gobierno, gobernantes electoralmente impuestos, cabecillas de golpes militares de Estado, y presidentes electos luego del llamado retorno a la democracia al servicio del poder económico y los intereses imperialistas, es imposible que el país pueda cambiar.
Lo que seguirá prevaleciendo es que el 10 por ciento de potentados acapare cerca de la mitad de los ingresos del país y a la quinta parte más pobre de la población, le toque menos del 2.5 por ciento.
Así de abismal es la desigualdad económica y social, y grave y explosiva la situación en general.