Desde que el alcalde ílvaro Arzú anunció su anhelo de volver a figurar de candidato presidencial, han abundado opiniones de editorialistas, abogados y columnistas que aseguran tajantemente que el Jefe del Ayuntamiento capitalino no puede optar a ese cargo, porque ya lo ocupó con anterioridad, conforme lo establece el artículo 187 de la Constitucional Política.
Señalan que esa norma constitucional es pétrea, en el sentido de que es imposible reformarla, fundamentalmente porque el artículo 281 estatuye que no se pueden modificar los artículos 186 y 187, entre otros.
Pero empresarios y políticos que apoyan las pretensiones de ArzúÂ argumentan que expertos constitucionalistas «no alineados con partido alguno» coinciden que la forma más sencilla para superar ese enorme obstáculo legal -que pareciera insalvable- es invocar convenios internacionales de los cuales el Estado de Guatemala es signatario, tal como la Convención Americana de Derechos Humanos (o Pacto de San José).
Al respecto, recibí artículos de opinión del periodista Roberto Oliva Alonso en su portal cibernético, correspondientes al 15 de este mes, y en uno de ellos revela que: «El poder económico ya tiene candidato», a la Presidencia de la República, por supuesto, y que el ungido del gran capital sería cabalmente el alcalde Arzú, porque considera que sí puede ser inscrito como aspirante a la Silla Grande, en vista de que si el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad llegasen a denegar la inscripción del supuesto pretendiente, los abogados constitucionalistas que respaldan al burgomaestre metropolitano apelarían a los convenios internacionales que amparan los derechos humanos de los habitantes de los estados signatarios, y que en el caso de Guatemala esas normas son superiores a la propia Constitución Política, y de ahí que estaría allanado el camino de Arzú para ser candidato presidencial.
Similar argumento legal argí¼ido en su oportunidad por los abogados del general Ríos Montt, respecto a los artículos constitucionales citados, para inscribirlo.
En el mismo mensaje cibernético, Oliva Alonso afirma que: «La familia Gutiérrez Bosch, después de un cabildeo con los miembros más prominentes del Poder Económico (sic), invitó a los representantes de las (otras) familias más poderosas de Guatemala a una reunión», y que durante este encuentro se habría discutido la necesidad de que la oligarquía retome el control total del Estado, es decir, «dejar de tener prestanombres en la Presidencia», a fin de ejercer la plena y directa autoridad.
Oliva Alonso revela que «contra lo que se pensaba», los Gutiérrez se reconciliaron, en el sentido de que «el tío Arturo hizo las paces con sus sobrinos, Dionisio y Juan Luis», puesto que, después de todo, lo que los separaba «era cuestión de dinero, que precisamente es lo que les sobra», de manera que «los sobrinos decidieron pagar al tío Arturo lo que le correspondía y (asunto) resuelto».
Según esta versión no confirmada cabalmente, Arzú «también hizo las paces con los Gutiérrez», lo que habría determinado el consenso del poder económico de apoyar tales aspiraciones presidenciales, y la apelación de los citados recursos legales para lograr su inscripción.
Sin embargo, otra anónima fuente me llamó por teléfono para revelarme que el ungido de los grupos oligárquicos habría sido Juan Manuel Gutiérrez, hijo del «Tío Arturo», de suerte que los millonarios del país habrían descartado al alcalde Arzú.
Todo lo dicho podría ser sólo rumor.
(El ex candidato presidencial de la URNG Miguel íngel Sandoval se encuentra gravemente enfermo. Se requiere la ayuda de amigos para sufragar los elevados gastos médico-hospitalarios. Cuenta 01-0017812-9 del Banco G&T Continental, a nombre de Celso Morales).