El escándalo de corrupción en el Sistema Penitenciario (SP) se hizo más evidente el pasado 15 de febrero cuando salieron a luz pública las informaciones de las salidas constantes de la cárcel del reo Byron Lima Oliva, que para muchos solo eran un “secreto a voces”.

Sin embargo, el perfil de este privado de libertad, que goza de privilegios y comodidades a pesar de guardar prisión por crimen de alto impacto, es similar al de otros presidiarios que tienen la capacidad económica de comprar voluntades, la pregunta es ¿hasta qué esferas del Ministerio de Gobernación (Mingob) llegan, que logran actuar con total impunidad?

Lima Oliva salió ese viernes de febrero en dos vehículos, supuestamente a una clínica dental, custodiado por guardias penitenciarios que, por órdenes de sus superiores, prácticamente trabajaban como sus escoltas personales, ya que según Luis González, exdirector del SP, por el tipo de “privado de libertad que era Lima” lo ameritaba.

“Los guardias estaban en los vehículos particulares porque a este muchacho se le autorizaron los permisos para que viajaran con él, porque temía por su vida por el impacto de privado de libertad que es”, justificó González a La Hora.

Por la noche, el otrora capitán del Ejército fue recapturado y al día siguiente su detención fue el centro de atención de los medios de comunicación, donde acaparó los titulares y portadas, y en los días venideros se cuestionó el sistema de corrupción que campea impunemente.

La salida de Lima generó toda una serie de cuestionamientos, incluso para el propio titular de la cartera del Interior, Mauricio López Bonilla, quien en una de sus declaraciones dijo que le “advirtió” a Lima Oliva que no saliera más de prisión, no obstante que declaró que en el Sistema Penitenciario se estaban dando cosas a “sus espaldas”.

Por otro lado, en una conferencia de prensa se le consultó a López Bonilla la razón por la que él, en su calidad de funcionario, habría de advertirle a un privado de libertad como Lima que debía respetar la ley, pues se suponía que el Ministro representa a la autoridad y no tendría que informarle a un detenido de las acciones que realizaría.

“Pongamos las cosas como son y yo lo repito ahora, tomen mis palabras como corresponden, yo no dije que le mandé a advertir a Byron Lima, yo dije le mandé a advertir a todos los voceros generales y  a todas las personas sobre las que teníamos información de cometer irregularidades adentro, porque hay muchas denuncias, que hemos investigado y hemos corregido”, aclaró posteriormente el Ministro.

A PESAR DE LAS ILEGALIDADES…
Indagando más sobre el escándalo, el funcionario fue consultado sobre si interpondría acciones legales en contra González, el exdirector de Presidios, pero respondió con un tajante “no”.

“Yo parto del hecho pero no puedo asumir las responsabilidades de todos los que hayan estado involucrados en eso, en específico el hecho con las personas en una flagrancia, lo que me dice a mí en ley es que tengo que ponerme a disposición de la autoridad competente que es Ministerio Público (MP) y Organismo Judicial.   Yo no estoy en la facultad legalmente para actuar contra él –Luis González–, el MP está actuando dentro del sistema para investigar todo este hecho y va a decir hasta dónde llegan estas responsabilidades”, dijo López Bonilla.

El encargado de la seguridad, explicó que no podía dar un paso sin consultar a sus asesores, quienes le aconsejaron que no lo hiciera.

“Yo no doy un paso sin consultar a mis asesores y todos dicen que no es mi competencia; lo que hice en su momento fue lo que tenía que hacer. Si yo vengo y pongo en el mismo hecho como una responsabilidad, yo estoy arrogándome una función, una obligación y un derecho en ley que solo lo tiene un juez que recibe en una primera audiencia a todos. Luis González no estaba en la escena donde estaba Byron Lima, pero si la investigación que hace el MP y ordena el juzgado correspondiente y se encuentra culpable a Luis González, serán los entes jurisdiccionales los que actúen como corresponde; lo que yo tomé fue una medida administrativa”, dijo.

El escándalo desatado por un solo individuo, en este caso Lima Oliva, expuso no solo sus privilegios, sino las relaciones de poder que conectan a los privados de libertad con los funcionarios del sistema penitenciario, que  a su vez son nombrados por altos funcionarios de Gobierno.

LOS PRIVILEGIOS
Hasta ahora ya se ha demostrado y confirmado que la corrupción en el sistema carcelario permite el ingreso de celulares sofisticados, computadoras portátiles, paneles solares, personas y la planificación de todo tipo de ilícitos que son coordinados desde las cárceles del país.

En la cárcel de Pavoncito, donde el otrora responsable de Presidios, Luis González, calificó como “un ejemplo” y a Lima Oliva como responsable del éxito en una entrevista publicada por La Hora, el 29 de mayo del año pasado, se habrían realizado varias fiestas, donde participaban edecanes y se consumía alcohol, según una fuente del SP que pidió no ser identificada.

Pero esta no es la única prisión donde se realizaron hechos de este tipo, según la misma fuente; privados de libertad vinculados a grupos del narcotráfico, a pandillas y otros sectores, pueden tener celulares sofisticados, computadoras portátiles y otros pueden hasta tener un hospital con su nombre.

Édgar René Verbena Pacheco, no era médico, pero le agradaba realizar cirugías a los presidiarios y a los guardias del SP, tenía un pequeño hospital dentro de la prisión y le gustaba escuchar los agradecimientos de sus “pacientes”; estaba mejor equipado que algunos centros de salud, ya que contaba con bisturí, guantes, aguja e hilo, e incluso con una cámara de vídeo con la que grababa sus intervenciones para luego cargarlas en You Tube.

Verbena Pacheco fue enviado de Pavoncito a la Granja Penal Canadá, el 17 de noviembre de 2011, por el director del SP de ese entonces, Eddy Morales, tras una publicación de La Hora.  El año pasado, Luis González lo reubicó nuevamente en Pavoncito.

Las pandillas también han sido beneficiadas por el sistema carcelario, continúan utilizando celulares para extorsionar y matar; en 2009 se comprobó que su centro de operación –la cárcel– les permitió abusar sexualmente de niñas y mujeres.

Estos casos generan interrogantes claras: ¿existe conocimiento de las altas autoridades de lo que ocurre en Presidios? ¿Por qué no se actúa para reformar el sistema? ¿Cómo un Gobierno cuya oferta electoral fue la seguridad, no se decide a romper el esquema de corrupción y tráfico de influencias que reina en el SP?

“LA CENICIENTA”
Mauricio López Bonilla reiteró que el SP siempre ha sido la “Cenicienta” del Ministerio de Gobernación y por ello, supuestamente, pretende mejorar las condiciones de lo que acontece allí adentro.

“En algún momento y en algunos escenarios he dicho que donde más se va a poder visualizar una diferencia en términos institucionales, al finalizar el período del presidente Otto Pérez Molina, va a ser en el SP, este ha sido la “Cenicienta” del Mingob, nosotros le hemos apostado a muchos cambios”, afirmó.

Carmen Rosa de León Escribano, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES), dice que es urgente que se aplique la Ley del Régimen Penitenciario, para que existan mejores controles.

“El SP es la ausencia de aplicación del Reglamento de la Ley, eso es algo que urge, sobre todo para separar aquellos reos de acuerdo a la peligrosidad y al tipo de delito que han cometido; lamentablemente hoy hay gente que está cumpliendo condena en un preventivo, cuando deberían estar en preventivo solamente quienes están a disposición de que el juez resuelva qué va a pasar con ellos.  Cuando hay motines son quienes resultan más afectados”, dijo la entrevistada.

En la última entrevista realizada al exdirector de Presidios, proponía una reforma a la Ley del Régimen Penitenciario y no hacer uso de los Reglamentos Específicos que aprobó Eddy Morales días antes de que dejara el cargo, es decir, la situación no ha cambiado por “diferencias” en el marco legal.

De León Escribano, por aparte, refirió la importancia de una base de datos con las huellas dactilares de los presos, la dignificación de la carrera penitenciaria, y la supervisión del trabajo de los directores de los centros penitenciarios.

“Esperamos que lo que ha sucedido sirva para poner orden en el SP, que realmente cambien estas circunstancias y que se evite que una serie de personas tengan privilegios por encima de los demás”, dijo.

LAS NUEVAS AUTORIDADES
Tras el escándalo de Byron Lima y la destitución de Luis González, el Mingob nombró a Édgar Camargo y Edy Fisher, como director y subdirector de Presidios, respectivamente.

Mauricio López Bonilla argumentó que los nuevos funcionarios fueron electos porque “eran de su confianza”, porque habrían superado las pruebas de veteo o de confiabilidad de la Sección de Asuntos Antinarcóticos (NAS, por sus siglas en inglés), y porque se establecieron mesas de trabajo con la sociedad civil, para garantizar transparencia en su trabajo.

Al consultarle al funcionario si era posible conocer el resultado de las supuestas pruebas de veteo realizadas a los funcionarios, dijo “que eso era parte de un perfil confidencial”.

Bajo el argumento de resguardar la integridad de sus empleados, el Mingob no revela la identidad de los integrantes del SP, pero derivado de ello, también se ha generado una espiral de corrupción que esconde el perfil y las acciones de quienes están ligados a hechos anómalos, dando lugar a denuncias anónimas que refieren que muchos funcionarios tienen alguna relación con diversos privados de libertad.

“CUMPLIR CON LA LEY”
Eddy Morales, exdirector del SP y quien enfrentó los mismos problemas y señalamientos, recomendó a los nuevos funcionarios a cargo de la institución, que deben cumplir con la ley, para evitar mayores conflictos en el futuro.

“Lo primero que deben hacer es cumplir con la Ley del Régimen Penitenciario, cumplir con el Reglamento General que ya está establecido, lo dejé en mi administración. Darle cumplimiento a la Política Penitenciaria que se dejó en su momento, que constituía el fortalecimiento a la carrera penitenciaria, la rehabilitación social de los privados de libertad, la sistematización de normas, procedimientos y protocolos, e instalar una estructura inteligente para la seguridad y control de los centros”, dijo.

Morales explicó que no se debe pactar con los detenidos, para evitar otros problemas en el futuro, que repercutan en la seguridad del país.

“La recomendación es nunca dar prebendas a nadie. Con los privados de libertad únicamente debe cumplirse la ley tal y como está, jamás negociar, pactar, ni entrar a un tipo de acuerdo, se dialoga para escuchar a los privados de libertad, pero no negociar, esto es fundamental”, reiteró.