El poder del capitalismo, el capitalismo mismo y el de las élites es, por su naturaleza y carácter, explotador, corrupto, discriminatorio, excluyente; se asienta en un sistema ideado por quienes lo detentan e institucionalizado por sus operadores políticos, la tecnocracia estatal y sus burócratas.
En el caso de nuestro país, el sector organizado de la élite del poder, representa a unas 20 familias que le han encomendado la defensa a ultranza del derecho a la propiedad privada, la primacía del interés individual sobre el social, el pleno «goce» de la libertad para su enriquecimiento, la acumulación de capital, el acaparamiento de utilidades y ganancias, el libre mercado, y la explotación incontrolada de las riquezas naturales y los recursos no renovables.
La élite del poder se ha abrogado, además, el «derecho» a decidir el destino del país; manda, ordena e impone a gobernantes, autoridades y funcionarios. Es el papel que en lo institucional y con los rasgos, características y modalidades de cada momento, se auto asignó desde años atrás de comienzos del siglo pasado y, más recientemente, a partir de junio de 1954.
Durante el gobierno del dictador Ubico (1931 – 1944), los intereses de los abuelos de los ahora potentados del país, estuvieron por demás asegurados y garantizados. Su servilismo y complacencia ante el tirano no tenía límites: le fueron obedientes, sumisos, y cuando se percataron que podían prescindir de él –más no de su régimen– lo abandonaron, dejaron que renunciara y apoyaron a Ponce Vaides para que lo sucediera a partir del 1 de julio de 1944.
En los años de la Primavera Democrática (20 de octubre de 1944 – 27 de junio de 1954), estuvieron siempre detrás de los más de 30 intentos de golpes de Estado contra el gobierno del Presidente Arévalo; estimularon, financiaron, fraguaron y apoyaron la invasión mercenaria de junio de 1954 que obligó a renunciar al Presidente Arbenz.
A partir de ese año, parecieran haber entrado en un proceso de reajuste y reacomodo que coincide con el período convulso e inestable durante el que se sucedieron varias juntas militares (junio a septiembre) impuestas por la Embajada de EE.UU., y tres gobernantes liberacionistas: Castillo Armas, (1 de septiembre de 1954 – 26 de julio de 1957); González López, que sólo estuvo tres meses en el cargo; y, Flores Avendaño, de octubre de 1957 a marzo de 1958.
El electo general Ydígoras Fuentes (1958 – 1963), no les fue un gobernante incómodo y, como gozaba de su confianza y apoyo, consintieron su corrupción y desgobierno. Llegado el momento, promovieron el golpe militar que lo depuso en marzo de 1963.
A esas alturas ya era evidente el pacto de poder tácitamente concertado entre la élite económica y la cúpula militar entonces dominantes, mediante el que convinieron que la administración pública pasara a manos de camarillas militares contrainsurgentes que sucesivamente encabezaron Peralta Azurdia (1963 – 1966), Arana Osorio (1970 – 1974), Laugerud García (1874 – 1978), y Lucas García (1978 – 1982). Aunque el diseño no haya sido exactamente ese, así es como se fue concretando.
El gobierno de Méndez Montenegro (1966 – 1970), no fue la excepción. Para poder asumir el cargo para el que fue electo, hubo de firmar un documento mediante el que se comprometió a garantizar el continuismo castrense, la salvaguarda e intocabilidad de los intereses del poder económico y una mayor dependencia del imperialismo estadounidense.
Todo indica –y la historia reciente lo confirma– que en sus relaciones de poder, la élite económica en el país se comporta y procede, hacia abajo, como el capataz reprendido por el patrono y, hacia arriba –ante las multinacionales y la dominación imperialista–, con muy poco margen de maniobra y decisión. Sus relaciones son, a la vez de dominantes, de sumisión. En ello radica su debilidad principal y no hay que dejar de considerar que pase a ser lo determinante en el desplazamiento de algunos de ellos, su sustitución por empresas e inversionistas extranjeros y el capital transnacional –como ya está ocurriendo–, así como que, aunque no a todos, el coletazo de la recesión en Estados Unidos los golpee y afecte.
Si usted ha visto Los Simpsons, recordará al señor Burns, el rico personaje que en el imaginario pueblo de Springfield se cree dueño de todo y de todos y, como tal, hacia abajo de él, se conduce como algunos de los potentados de nuestro país y, ante quienes están encima de sus hombros, igual. Como dijera Matt Groening, el autor de esta serie de televisión, de ahí la desconfianza del ciudadano común ante el poder de quienes, según Aristóteles, «fallan a la hora de discernir en la vida qué es el bien».
Por ahora, hasta aquí. Al período que comienza en 1982, continúa a partir de 1986 y se prolonga hasta hoy, me referiré la próxima semana y, el primer miércoles de septiembre, trataré de desentrañar lo que hay en el fondo de la actual crisis de gobernabilidad, sus causas, efectos, desenvolvimiento, y probable desenlace.