En días pasados fuimos testigos de la incorporación de Guatemala a la Organización denominada Petrocaribe, entidad impulsada por el Gobierno de Venezuela que tiene como objetivo principal, según lo describe su página web, el coordinar las políticas públicas de los países miembros en materia de energía.
De una somera lectura de los estatutos de Petrocaribe (www.petrocaribe.org), se desprende, en primera instancia, una serie de objetivos adicionales al principal, ya descrito, en los que se palpa el interés por mantener una supuesta soberanía e independencia energética, en el marco de una también supuesta agresión económico imperialista que amenaza, a través del precio del petróleo, a la región.
Un poco más lejos de todo lo que aguanta el papel y de la lírica descrita, entiendo que en la práctica, Petrocaribe es una organización por medio de la cual los países miembros, reciben petróleo de Venezuela al precio vigente en el mercado mundial, con el beneficio de poder diferir el pago del mismo hasta una cierta cantidad de años, incluyendo también dos años de gracia. Entiendo además que el petróleo que suministrará Petrocaribe al Estado de Guatemala, servirá, como lo indica su objetivo principal, para las políticas públicas en materia de energía, lo cual nos hace pensar que el suministro de combustibles que provengan de esta fuente irá destinado al uso del Estado y de sus instituciones. Como el Estado de Guatemala no cuenta con infraestructura propia para poder canalizar y utilizar el suministro de derivados del petróleo que reciba, esta deberá ser creada y mantenida, lo cual por supuesto conlleva el consecuente gasto y suma de recursos estatales que cuando menos deberían ser objeto de análisis y estudio a efecto de determinar el costo / beneficio que tenga esta inversión. Adicional a lo anterior, al tratarse de una obligación del Estado, la misma debe de ser considerada y tratada como una deuda, para lo cual el Congreso de la República deberá de aprobar la nueva obligación. Una vez se haya aprobado por el Congreso, se haya creado la infraestructura para manejar el suministro y se contraten a los funcionarios que se encargarán del nuevo ente, nos encontraremos con un producto que desde ya se antoja que financieramente no podrá competir con los proveedores actuales del Estado, empresas privadas acostumbradas a un mercado de márgenes reducidos, quienes sin duda podrán vender los combustibles más baratos de lo que Petrocaribe puede hacer, lo cual, luego de todas las vueltas anteriormente descritas, resulta ilógico. Por supuesto, sin mencionar la consabida ineptitud del Estado para administrar y eso sin entrar a analizar de qué color son las corbatas de los funcionarios de turno que se encargarán del nuevo ente burocrático.
El resultado final, no será otro que un producto caro, una deuda que todos deberemos pagar y una dependencia a un Estado como el de Venezuela, con la que cuando menos Yo no me encuentro a gusto.