Las reveladoras acusaciones vertidas por una persona que ahora se encuentra fallecida, asesinada más bien, colocan ante el desafío más grande jamás pensado por gobernante alguno. La administración actual tiene que ofrecer importantes e imponentes acciones para recuperar su credibilidad. Lo expresado y lo que anunció que compartiría, en materia documental, llega en el peor momento. El ministro encargado de la seguridad está asediado por un interrogatorio que le maniata. El protagonismo mediático será un ingrediente adicional que podrá empañar cualquier esfuerzo investigativo. El peso que provoca esta situación es un enorme desafío.
Rodrigo Rosenberg Marzano ha legado una tormenta política que afecta profundamente las elementales relaciones entre gobernantes y gobernados. La ola de asesinatos cuya investigación queda inconclusa, pareciera que ha llegado a su tope. El Estado guatemalteco, es decir, autoridades, normas y la población, encaramos una situación nunca antes vivida. Es impostergable que se enfilen los más grandes esfuerzos por dilucidar la autoría, intelectual y material, detrás de este teatro de dolor, de asesinatos y de impunidad prevaleciente.
Sin lugar a dudas que las personas sindicadas por Rosenberg, tienen la gran responsabilidad de provocar la más amplia, exhaustiva y completa investigación para esclarecer este enmarañado asunto. El «Caso Rosenberg» debe ser analizado desde todas las aristas posibles y en el menor tiempo. Se deberán presentar fluida y fehacientemente las pruebas que aclaren y den con los responsables. Los móviles apuntados, deben pasar de lo aparente a la formulación de hipótesis que permitan construir toda la trama que aún se encuentra escondida.
Más allá del festín de los detractores y del inicio de la expansión divulgativa de este video acusador, se habrá de concentrar esfuerzos de análisis en el entorno de la denuncia, del denunciante y de las relaciones supuestas o no que se expresan en éste. Pareciera que hay mucho que «leer entre líneas» y ese será otro punto a investigar acuciosamente. Las próximas horas serán claves. La conmoción es tal que hacer mutis o sentenciar públicamente a quienes se acusa posmortem, no es suficiente para provocar un cambio que detenga este expansivo manto de muertes impunes.
Indudablemente el reto es de la sociedad en su conjunto, pero primariamente en aquellas personas responsables de las instituciones encargadas de aportar elementos de juicio tendientes tanto a la persecución penal, como a la generación de una opinión que sea responsable con la gravedad del actual estado de cosas.
El Presidente ha hecho bien al anunciar anoche de manera conjunta con el Gabinete de Gobierno, de optar por la derogatoria del Decreto Gubernativo 7-2009, mediante el cual se habría de instituir el Estado de Calamidad. Los ángulos visualizados alrededor de la suspensión de garantías constitucionales apuntaban a una agudización de la crisis de gobernabilidad prevaleciente. De pronto la atención se habrá de concentrar de nuevo alrededor del Congreso y su capacidad de entablar o no acuerdos más allá, repito, del afán protagónico de algunos de sus integrantes.
La mirada atenta del mundo nos rodea. Todo gesto, toda actitud y toda acción serán objeto de análisis, pronunciamientos y reacciones en el seno de la comunidad internacional. Ahora como en febrero de 2007, la atención del mundo se concentra en nuestra capacidad o no por apuntalar un Estado de Derecho que en efecto pueda llevar al cese de la impunidad. Podríamos estar corriendo el riesgo de caer en un aislamiento. Por eso y más, este nuevo hecho de sangre se constituye en un peso enorme, de un desafío de grandes proporciones. El asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg por todas las implicaciones que conlleva y a los implicados que conlleve, debe ser dilucidado lo más pronto posible y con él los casos conexos explícitos e implícitos.