No se puede discutir que estas dos últimas semanas han sido convulsas, en donde la institucionalidad se ha puesto a prueba, desnudando, nuevamente, la forma en que se mueven los hilos del sistema para beneficio de la clase gobernante. Son tiempos en que cada uno está sacando agua para su tecomate utilizando el contexto de exigencia de justicia etiquetando estos dí­as como los «peores de la historia reciente» del paí­s.

Vale la pena preguntarnos si realmente estos son los peores tiempos. Quizá la memoria no la hayamos desarrollado suficiente, porque si bien, la frustración social es ahora un elemento que sobresale en el ambiente y una sensibilidad ciudadana ha florecido para bien de la sociedad, también es cierto que en el paí­s hay personas que tienen las manos embarradas de sangre y andan por ahí­ comiendo caviar con tranquilidad y sin pena.

Porque la impunidad cabalga con libertad: impunidad en los asesinatos de pilotos, impunidad en cada homicidio que nutre las vergonzosas cifras de violencia, impunidad en desfalcos, impunidad en todo lugar a donde se vea. Por ello, es agradecida la intención -sin olvidar la presión que hubo-, para darle vida a una herramienta que sirva para integrar instituciones limpias y transparentes a través de comisiones de postulación más efectivas, y que ojalá no vayan a ser manchadas por las politiquerí­as partidistas de siempre.

Si revisamos la historia reciente del paí­s encontraremos casos no muy distintos al que ahora ocupa la agenda. Crí­menes polí­ticos de igual catadura cuyas sospechas quizá ahora vengan nomás a confirmar que existe una mano complaciente que mece la cuna y que es responsable del debilitamiento del Estado, que hasta el momento ha sido incapaz de brindar la seguridad necesaria, hoy más que nunca.

No por nada, hasta los mismos detractores de la CICIG ahora le dan un espaldarazo al trabajo que el jurista Carlos Castresana ha iniciado, a pesar de los tropiezos jurí­dicos existentes y es que nuestras instituciones se han convertido en meros vehí­culos de conveniencia para quienes ostentan la batuta gubernamental cada cuatro años. Por ejemplo, ya hasta se ha perdido la cuenta de los intentos para colocarle una cabeza a la Corte Suprema de Justicia enviando una pésima señal al sistema judicial: si ellos no se pueden poner de acuerdo, ¿cuáles serán los argumentos de los jueces en casos que conocen?

El paí­s tiene una asignatura que se ha reactivado, y cuyo destino depende de quiénes están tomando bandera cuya barrera entre polí­tica y ciudadaní­a se distorsiona. No hay que olvidar que existen acusaciones que se van perdiendo por alimentar el ánimo de querer un rompimiento gubernamental que para nada es saludable para el paí­s y la situación que vive.

Estos no son los peores momentos, pero sí­ un momento oportuno para cohesionar a la sociedad caracterizada por su pasividad y desencanto para transformarla en un verdadero ente fiscalizador y que exija a quienes han depositado su voto de confianza.

POR ESWIN QUIí‘í“NEZ

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