Guatemala está en el umbral de un estallido social como consecuencia de la decisión de los empresarios del transporte urbano de la ciudad capital de aumentar las tarifas a partir del próximo lunes en un 500%. El pasaje que ahora es de un quetzal con diez centavos subiría a cinco quetzales con 25 centavos.
En efecto, el señor Luis Gómez, presidente de la Asociación que aglutina a esos empresarios, anunció ayer que ante la falta de pago del subsidio estatal, en una asamblea general de los propietarios de los autobuses, se aprobó la medida.
El dirigente empresarial trató de justificar lo acordado, señalando que desde hace 17 años no ha habido un alza a la tarifa y que habiéndose agotado la vía económica del subsidio, este es el momento de llevar a cabo el aumento.
Históricamente, cada vez que los transportistas promueven alzas al precio del pasaje, se producen graves disturbios sociales incluso con el saldo de muertos, heridos y la quema de autobuses en la vía pública.
Precisamente el diputado de oposición, Carlos Barreda, advirtió acerca del peligro de la creación de un escenario de ingobernabilidad, incluso con el riesgo de un estallido social.
El mismo señor Gómez reconoció que con sus compañeros de negocio, están conscientes de las consecuencias que podría provocar el incremento en el contexto de brotes de inconformidad entre la población, pero que están dispuestos a afrontar todas las adversidades.
Si bien es cierto que en los últimos años no se ha operado una reforma en las tarifas del transporte público, también lo es que en compensación, el gobierno ha entregado a los empresarios un millonario subsidio, y a pesar de ello el servicio es pésimo e inseguro ante la actitud complaciente del alcalde Álvaro Arzú, responsable de regular las tarifas y supervisar el buen funcionamiento de ese sistema. Desafortunadamente, el alcalde solo está preocupado en mantener vigente una campaña anticipada en torno a su imagen política.
El Presidente de la República, Otto Pérez Molina, declaró que su gobierno buscará entablar un diálogo con los transportistas para evitar el aumento a las tarifas, pues ello sería perjudicial para el pueblo de Guatemala.
Si se hubiera tratado de protestas de campesinos o estudiantes, el gobernante no actuaría con “mano aguada” como lo hace con los transportistas, sino los estaría amenazando con medidas de represión.
En el presente caso, lo que procede es una acción conjunta del Gobierno y de la Municipalidad de Guatemala, ordenando la intervención inmediata de las empresas del transporte urbano, como en 1972 lo hizo el alcalde Manuel Colom Argueta, cuando los autobuseros sorpresivamente aumentaron el pasaje de 5 a 10 centavos de quetzal. En aquélla histórica jornada, el jefe edilicio en defensa de los intereses del pueblo, no permitió el incremento.