Mediante carta dirigida a los demás Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el también Magistrado de ese organismo, Marco Tulio Melini Minera, solicitó destituir a siete funcionarios del TSE, los cuales ocupan cargos de dirección e importancia dentro de dicha institución, bajo argumentos como “emitir dictámenes complacientes e ilegales”, “mala asesorí­a en cuanto al control de compras y contrataciones…”, “realizar eventos mediocres…”, “ocultar maliciosamente los pedidos elaborados por los Directores…” y otra serie de aseveraciones que deben de originar, cuando menos, una denuncia por el Magistrado Melini, acompañada de pruebas para legitimar sus aseveraciones, o bien una denuncia de alguno o de todos los denunciados por Melini, en contra del mismo Melini por calumnia o difamación, pero sobre todo la unidad de la opinión pública en apoyo al TSE cuando se cuestiona a sus funcionarios, en mitad de un proceso electoral y lo que está en juego no es más que la credibilidad de todo ese proceso.

Cuando nos encontramos a escasas semanas de la segunda vuelta de las elecciones generales, cuando los partidos en contienda se acusan constantemente de campañas negras, los ánimos de los votantes de varias poblaciones del paí­s aún no se apaciguan y derivaron en su momento en medidas de hecho como enfrentamientos y amenazas para miembros de las juntas electorales o de otros partidos, cuando se multiplican las solicitudes de los candidatos presidenciales  para medidas de seguridad en papeletas, urnas y puestos  de votación, ante la desconfianza que dicen sentir los partidos polí­ticos por la forma en el que el proceso electoral será llevado a cabo y se demanda permanencia y seguridad para los fiscales de los partidos y del propio TSE, las infortunadas declaraciones y solicitud del Magistrado Melini no pueden verse de otra forma que destinadas a enturbiar un proceso en el que el mismo ha participado como Magistrado. Si en adición a lo anterior, cuando analizamos que los fallos que califica y cuestiona Melini como causales para solicitar la destitución de alguno de los funcionarios, como “emitir dictámenes complacientes…”, fueron fallos que él mismo conoció posteriormente en impugnaciones, en su calidad de integrante del TSE y sobre los cuales simplemente su opinión no fue la que predominó, es evidente que deben buscarse razones de otro tipo para tal acto, pues no es posible que desee descabezar al TSE a dos semanas de la segunda vuelta. En todo caso, si algo positivo puede sacarse de esta solicitud fallida y a destiempo, es la respuesta de la opinión pública que se ha manifestado y que ha resaltado  la importancia que tiene el que tanto el proceso electoral como el TSE gocen de la confianza ciudadana, como institución conformada por personas interesadas nada más que en el óptimo desarrollo del proceso electoral.  Y es que el peligro de cuestionar al TSE a sus integrantes y/o al proceso que no puede separarse de la institución, es que cuando se den los resultados electorales el próximo 6 de noviembre, el TSE debe dotar de confianza al ciudadano en el que el nuevo Gobierno fue electo de manera democrática, algo que este paí­s no se puede dar el lujo de perder.