Aparentemente, uno de los misterios más insondables se refería a la forma cómo los propietarios o socios de las cadenas de farmacias diseminadas en el país que han ido desplazando gradual y sistemáticamente a las boticas de barrio, podían ser tan magnánimos con su clientela, al extremo de ofrecer descuentos desde el 35 % hasta el 60 % de los precios originales de los medicamentos que expenden.
Es que es difícil concebir cómo lograban florecer, mantenerse y expandirse en casi todo el territorio nacional sin llegar a la quiebra, porque si, por ejemplo, un fármaco que hipotéticamente cuesta Q100, con una espontánea y mínima rebaja del 35 % ese mismo medicamento lo vendan a Q65, y aun así obtienen utilidades después de tener que cancelar sueldos o salarios de sus regentes, empleados de mostrador, encargados/as de atender llamadas telefónicas e intrépidos motoristas que llevan a las propias puertas de sus clientes los medicamentos solicitados.
Adicionalmente, deben pagar alquileres de los locales en los que se instalan, si es que no los han adquirido al contado o a plazos, gastos de energía eléctrica, servicios telefónicos, publicidad impresa, radial y televisiva, que los dueños de pequeñas o medianas farmacias independientes no están en capacidad de hacerlo, de tal manera que progresiva y persistentemente los antiguos expendios de medicamentos tienden a desaparecer, de igual forma como se diluye la amistosa relación entre propietarios y dependientes con sus desplazados clientes a los que solían concederles crédito (o darles fiado, para decirlo coloquialmente) sin más que apuntar en una libreta el nombre del consumidor, el fármaco adquirido y precio establecido con una lícita y comprensible ganancia, en los renglones de un maltrecho cuaderno.
Pero ahora el supuesto misterio se está esclareciendo gracias a la acción adoptada por el Procurador de los Derechos Humanos, abogado Jorge de León Duque, al exigir a la DIACO que cumpla su función de velar por los intereses de consumidores y usuarios, que lo ha iniciado al incriminar de acciones ilícitas a las droguerías J .I. Cohen y Lanquetín
La titular de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, Silvia Escobar, declaró que esas dos compañías fueron acusadas en el Ministerio Púbico del ilícito de especulación de precios, pero también ha denunciado a cuatro cadenas de farmacias bajo la fundamentada sospecha de cometer estafas en vista de que tras los ocultos aumentos anuncian escandalosos descuentos hasta del 60 %, que se tipifica como publicidad engañosa.
Veremos si la nueva fiscal general Thelma Aldana se estrena con férrea voluntad al desafío que representa la impunidad como han procedido desde lustros las poderosas droguerías a las que se les atribuye financiar candidatos presidenciales y corromper a funcionarios públicos
(El consumidor Romualdo Tishudo señala que algunos medios que tienen contratos de publicidad con empresas farmacéuticas no mencionaban nombres, pero ahora se sabe que las acusadas son las cadenas de farmacia Batres, Carolina, Cruz Verde y Zuiva. ¿Y Meykos, no?).