El proyecto de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), presentado recientemente por la Comisión Específica de Asuntos Electorales (CEAE) para que sea conocido por el Pleno del Congreso, si bien no alcanza la profundidad que aspiramos, significa sin duda un avance importante en varios aspectos. Uno de ellos es el orientado a incentivar una mayor inclusión de mujeres e indígenas en las listas de postulación e inscripción de candidaturas.

En Latinoamérica, la concreción de mecanismos de acción afirmativa, ha contribuido con el incremento de la representación de grupos históricamente marginados, y por ende, con el perfeccionamiento de las democracias.

El proceso de reformas a la LEPP impulsado por la CEAE ha tenido la virtud de abrir espacios de consulta, diálogo y deliberación entre diversos sectores. Instituciones y organizaciones de la sociedad civil presentaron múltiples propuestas y expresaron sus demandas, que constituyeron insumos que la Comisión consideró para el proceso de diseño de la reforma electoral planteada, la cual  se ubica entre “lo posible y lo deseable”. 

La diferenciación entre las funciones administrativas y jurisdiccionales del Tribunal Supremo Electoral, la reducción de la dependencia de los partidos políticos del financiamiento privado y su mayor transparencia, la desvinculación de los tiempos de campaña de los de organización del proceso electoral, el incremento de la representatividad territorial y de la democratización interna de los partidos, el impulso de mayor igualdad para mujeres y pueblos indígenas en la conformación de las listas de postulación, el establecimiento de un porcentaje del financiamiento para formación y capacitación de las personas afiliadas, por ejemplo, constituyen un primer paso tendiente a mejorar y fortalecer nuestro actual sistema político.

En relación a la participación de mujeres y pueblos indígenas, el proyecto de ley presentado plantea la reforma al Artículo 212 de la LEPP. Establece que las planillas de postulación e inscripción de candidatos a cargos de elección popular, deberán incluir mujeres y hombres en la misma proporción numérica y en forma intercalada, y que en los distritos y circunscripciones cuya composición étnica sea mayoritariamente indígena, no menos de un 50% de sus candidatos deberán ser personas de las etnias allí representadas. Y esto lo aplaudimos.

En Latinoamérica, la mayoría de Estados ya cuenta con este tipo de legislación, que constituye un mecanismo de acción afirmativa para integrar de manera más efectiva en los organismos de decisión a grupos históricamente excluidos como las mujeres, el Estado guatemalteco es uno de los rezagados. Diversos estudios en la región han demostrado que para ser efectivas, normas como la que se plantea, deben incluir los tres elementos: paridad, alternabilidad y sanción.

La Iniciativa Más Mujeres, Mejor Política –integrante del Grupo 212 y de la Convergencia Nacional por la Reforma Política (CONAREP)– considera que con la concreción de la modificación del Artículo 212 de la Ley Electoral, el Congreso de la República estaría procurando el alcance de mayor igualdad y dando muestras de voluntad y compromiso real con un proceso de perfeccionamiento de nuestra democracia.