En una rápida visita realizada el fin de semana a una comunidad rural, uno de mis acompañantes echando mano del humor y la agudeza nos dijo con un tono serio: «Se les encarga no acercarse mucho a los niños de la comunidad, menos que se les ocurra platicarles o hacerles cariño, no queremos que nos acusen de robaniños», terminada la frase dibujó una sonrisa en su rostro.
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La advertencia la intuimos como una broma, una broma muy seria y no era para menos, pues es de conocimiento público el nivel de desconfianza que se ha construido en muchos pueblos del interior del país, en donde se ha golpeado, linchado y hasta prendido fuego a forasteros que en su momento fueron acusados de secuestrar infantes.
En esto pensaba el otro día cuando razones laborales me obligaron presentarme a uno de los hoteles más reconocidos del país, y en ese momento caí en cuenta que siempre que he paseado por los corredores de hospedajes suntuosos he visto en repetidas ocasiones la misma escena que se dibuja una y otra vez.
Una pareja de extranjeros acariciando a un bebé guatemalteco, cumpliendo con el fácil ritual de adopción que el paraíso legal de Guatemala les permite; debo aclarar que no estoy en contra de las adopciones, pues como me explicaba en una ocasión Nidia Aguilar del Cid, defensora de la Niñez y la Adolescencia de la PDH, las adopciones son una opción para muchos niños que han quedado en la orfandad o han sido víctimas de violaciones de parte de las personas que ejercían potestad sobre ellos.
Es en estos casos en donde la viabilidad de la adopción es fundamental en el proceso de integrar a los menores a familias que puedan ofrecerle los cuidados que requieren; el problema es que en nuestro país las adopciones han entrado también en el rubro del comercio, volviendo a los menores en puras mercancías que son entregadas a sus compradores.
Se ha sabido de casos de mujeres que se embarazan por encargo, también de prostitutas que venden a los bebés por la suma de cinco mil quetzales, pero como la demanda es alta, ahora ha surgido también la necesidad de secuestrarlos, la razón, porque este negocio es bien pagado.
Si se tiene dudas, sólo pregunte por el criminal de cuello blanco, mal llamado abogado que le ha entrado al negocio explotándolo como la mina de Potosí.
Según estimaciones de la Procuraduría General de la Nación, en lo que va del año se han dado alrededor de tres mil niños nacionales en adopción, principalmente a familias extranjeras.
Afortunadamente, ante la inoperancia de la voluntad local de los legisladores por regular la Ley de Adopciones, el convenio de La Haya, el cual entra en vigencia el uno de enero del próximo año obliga al Estado de Guatemala a realizar cambios en su legislación, con el fin de garantizar un marco correcto en la adopción de los niños.
Talvez después de algún tiempo podamos volver a las comunidades rurales y sin ninguna duda o temor charlar con los niños y volvamos a dejar de ser forasteros en nuestra propia tierra.