Las instituciones democráticas no pueden hacer excepciones, especialmente cuando se trata de los ciudadanos, quienes debieran ser tratados por parejo o como se dice corrientemente, medirlos con el mismo rasero. ¿Cómo se le ocurre a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral a estas alturas quejarse del abuso de algunas organizaciones políticas de estar haciendo campaña política electoral anticipada, cuando la primera dama, doña Sandra Torres de Colom, eso mismo lo viene haciendo desde el primer día que su esposo asumió la Presidencia de la República? Es contradictorio entonces que la representante de la máxima autoridad del país en asuntos electorales haya calificado de abusivos a los políticos por estar haciendo «directa, indirecta o subliminalmente» campaña anticipada a las elecciones del 2011.
Si la ley que rige la materia no funciona ¿por qué hasta octubre del presente año se le ocurrirá a este Tribunal proponer una legislación a favor de su supremacía, así como reformarla para obligar a los políticos para que no hagan propaganda sino hasta después de haber sido convocadas las elecciones?, ¿no es evidente que en materia electoral siempre en la aplicación de la ley se encuentra la trampa? Debo aclarar que soy del criterio que la prohibición de hacer propaganda, mejorar o impulsar la imagen de los políticos que aspiran a ocupar cargos públicos de elección popular debiera ser discutida con amplitud y profundidad, no solo para que sea eficaz, sino para que sea pareja su aplicación una vez consensuada.
Y señalo la necesidad de discutir la citada prohibición por dos razones fundamentales, porque está visto que a nuestros políticos la norma les viene del norte y porque no debiera coartarse la libertad de acción de los ciudadanos en general, no digamos a los políticos, para impulsar su imagen, sus planes, proyectos o propuestas a la comunidad dentro de un marco eminentemente democrático. En el mundo hay actualmente muchos países que lo permiten, especialmente en aquellos en donde los cargos públicos han estado ocupados por personajes cuyas realizaciones dejan mucho qué desear, como que todas las críticas, opiniones o propuestas merecen ser escuchadas por la población para así mejor formar su opinión de lo que debe y puede hacerse en provecho del país.
El libre ejercicio democrático entonces debiera ser claro, concreto y puntual sin favoritismos ni complacencias que oscurezcan el panorama electoral del país. De esa cuenta pregunto, solo para citar un caso ¿estar viendo todos los días a la Primera Dama a todo lo largo del período para el cual fue electo su esposo en programas noticiosos de la televisión abierta, para fijar en la mente del electorado «su gran corazón y mejores deseos» por mejorar las condiciones de pobreza en que vive nuestra población no debiera ser prohibido y sancionado?, ¿es que eso no es hacer propaganda «directa, indirecta o subliminalmente anticipada»?, ¿a eso se le puede llamar buen ejemplo?