Sergio Morales, titular de la PDH, calificó que hay anarquí­a total y un desorden en el paí­s por la espiral de violencia que impera; también indiferencia del Estado frente a los informes que elabora esa oficina sobre la constante y agravada violación de los derechos humanos de la población en general.

El Magistrado de Conciencia criticó que el Estado y las autoridades no responden, son abultados los datos negativos en informes sobre femicidio, limitación al acceso a la información, problema hospitalario nacional, delitos contra la vida, tema de fertilizantes, falta de atención por la tormenta Agatha y la erupción del volcán de Pacaya.

La Procuradurí­a de Derechos Humanos (PDH) está preocupada por el asesinato de Edwin Vega, alcalde de Coatepeque, Quetzaltenango, ocurrida anoche, además porque alrededor del caso hay ya 17 muertes, entre ellos otros integrantes del Concejo, pero no hay ninguna captura.

Preocupado, el PDH dijo que de todos los temas sobre derechos humanos, ninguno de los problemas deja de ser trascendente.

Lamentó, además, que cada informe elaborado y que después reciben los funcionarios, solo sirven de adorno en las bibliotecas de las instituciones, que no resuelven la situación alarmante que aprisiona y mantiene aterrorizada a la sociedad guatemalteca.

INDOCUMENTADOS

Entre los casos que atentan contra los derechos humanos en el paí­s, están los funcionarios que más incumplen y que ocupan el primer lugar son los alcaldes.

Pero se va repasando con el lamentable caso de la muerte del sindicalista de la Dirección General de Migración.

Sergio Morales recordó que después de diez dí­as y a pesar que el caso es de impacto, porque esa persona empleada de Migración fue torturada, pero la información con que él cuenta es que hasta hoy las autoridades migratorias y de la Policí­a no han iniciado una investigación que pueda dar con los asesinos.

Pero es grave el caso de que en la capital de Guatemala hay denuncias serias que han llegado hasta la PDH, acerca de que ciudadanos indocumentados de otros paí­ses gozan de un privilegio ilegal, ya que por US $1,500 los dejan en libertad, expresó el Magistrado de Conciencia.

«Aquí­ en la tierra de todo se puede» enfatizó Sergio Morales, quien percibe en ese calificativo que se reprueban las acciones gubernamentales, de funcionarios y empleados públicos.

Asimismo porque en el caso de la ciudad de Coatepeque, a pesar del largo problema, el Gobierno declaró Estado de Prevención pero nunca hubo despistolización, reclamó el PDH.