El país donde la vida se pierde por un celular, Q100 o joyas


INFOGRAF

¿Quién ha sido asaltado en el país? Es una pregunta simple con una respuesta por demás sencilla: la mayoría de los guatemaltecos. Según estadísticas de los cuerpos de socorro y de la Policía, entre dos y seis personas son lesionadas a diario por negarse a entregar sus pertenencias cuando son atracadas, lo que se comprueba con los traslados de víctimas que se realizan a los centros asistenciales y el trabajo investigativo.

Repo_1Repo_2

POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt

EXPERTOS DESTACAN LA NECESIDAD DE LA DENUNCIA CIUDADANA PARA JUDICIALIZAR LOS CASOS

En la mayoría de ocasiones, el objetivo de los asaltantes son las billeteras, teléfonos móviles o joyas.

“José” fue dado de alta del Hospital Roosevelt el pasado martes, tras permanecer hospitalizado durante  siete días.  El niño, de apenas 11 años, perdió un riñón porque un delincuente le disparó con un arma de fuego hacia ese órgano, cuando se negó a entregar sus pertenencias durante un asalto en Villa Nueva.

El menor de edad es una de las víctimas más jóvenes de la violencia que impera en el país.  Salir de su casa con un billete de Q100 y un teléfono casi le costó la vida y comprometió su salud para siempre.

Aunque “José” aún padece la tragedia, está vivo, pero hay otras víctimas de la violencia, como Kimberly Yecenia Sarat, de 16 años, que no lograron sobrevivir. 

La joven fue asaltada en un bus de la Ruta 4, el pasado 3 de diciembre. El hecho ocurrió en la zona 3 capitalina, ante decenas de pasajeros que observaban atónitos cómo los bomberos atendieron la emergencia y trasladaban a la víctima al Hospital General San Juan de Dios.

Según la información recabada, los asaltantes pretendían robarle el teléfono celular a Kimberly, pero se negó a entregarlo. Por eso le dispararon con un arma corta.

En agosto de 2012, Francisco Alejandro Chacón, de 26 años, fue atacado por delincuentes que segaron su vida con un arma de fuego. Aparentemente, el móvil del crimen fue el robo de un teléfono celular.

Estadísticas de la Policía y de los cuerpos de socorro de la Capital y del interior del país, indican que diariamente en Guatemala, entre 2 y 6 personas son lesionadas por proyectil de arma de fuego y arma blanca, a consecuencia de los asaltos.

En su condición de peatones, usuarios del transporte público y automovilistas, lo guatemaltecos son altamente vulnerables a la amenaza de los grupos delictivos que se dedican a cometer estos  hechos ilícitos.

Fuentes de investigación de la PNC indican que aunque esta estadística se enfoca en lesiones, admiten que varias de las víctimas que ingresan a los diferentes nosocomios estatales o privados, mueren tras su lenta recuperación.

PERFIL DELINCUENCIAL
Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) indican que los delincuentes pueden estructurarse en grupos, aunque también existen los considerados “rasos”, que de forma individual se dedican a arrebatar las pertenencias de las personas.

Sin embargo, ambos tipos de delincuentes pueden actuar con violencia; los primeros, usualmente portan armas de fuego, mientras que los segundos amenazan con cuchillos.

Édgar Guerra, de la Defensoría de los Usuarios del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), dice que en la estadística de asaltos a los buses se reporta un 10 por ciento de incremento con respecto a los indicadores del año pasado.

La última estadística que se manejaba en este tema correspondía a 60 atracos diarios; ahora este número se elevó a 66.
   
Según el entrevistado, los grupos que antes se dedicaban a extorsionar, ahora delinquen en las unidades del transporte urbano y extraurbano, como se ha comprobado derivado de las capturas que se han realizado en los últimos meses.

“Ahora hubo un repunte de asaltos, porque hay un control de los delincuentes que se dedican a extorsión; se mudan a otro tipo de actividad, que son los asaltos en los autobuses. Hay un incremento del 10 por ciento, estadísticamente comprobado que a fin de mes y en quincena se duplican este tipo de hechos”, dice Guerra.

Las rutas con altos índices delictivos, según el profesional, son la 101, 32, 203, 40, 40R, 70, 22, 23, 72.  En el transporte extraurbano las rutas al Pacífico, Villa Nueva, Amatitlán, Escuintla; en dichas unidades de transporte, se originan abusos sexuales, antes los delincuentes secuestran el autobús.

En 2011, una investigación de la Policía Nacional Civil reveló que las zonas 7, 1, 11, 12, 18, 5, 6, 10, 3 y 13 eran las áreas más peligrosas de la Capital guatemalteca; aunque los indicadores han variado desde entonces, esas locaciones aún presentan serios indicios de inseguridad y conflictividad.

Después de una sesión del Gabinete de Seguridad, el presidente Otto Pérez Molina dijo el pasado fin de semana que la ruta al Atlántico -Izabal, Zacapa, El Progreso Chiquimula- y la Costa Sur  -San Marcos, Retalhuleu, Quetzaltenango y Escuintla- son las zonas donde ocurren la  mayoría de los hechos delictivos, aunque destacó principalmente los homicidios que ocurren en los departamentos de Guatemala y Chiquimula.

SEGURIDAD PREVENTIVA OPERATIVA
Edy Juárez, viceministro de Seguridad, explica que después de analizar los puntos con mayor incidencia delictiva, se desplegó a la nueva promoción de agentes policiales que recientemente se graduaron para contrarrestar la situación.

“En el tema de seguridad preventiva operativa que es con los agentes, lo que hicimos fue hacer una análisis de los puntos con mayor incidencia criminal, los diez puntos a nivel nacional; lo que se hizo fue que con la promoción que se graduó ahora, a cada uno de esos puntos se les asignó personal”, explicó el vicetitular de Gobernación.

El funcionario agregó que en algunos barrios y áreas con alta incidencia delictiva, como La Reformita -en la zona 12-, al igual que en el Centro Histórico, se incrementó en más del ciento por ciento del personal policial, y  de la subestación que era se convirtió en estación de policía.

También se establecieron patrullajes en moto y a pie en las vías con más problemas de seguridad como las Calzadas Roosevelt, San Juan y Aguilar Batres, donde se ubicaron puestos de control fijos.  Esto forma parte de una estrategia operativa,  indicó.

Juárez agregó que la denuncia de la población es importante para contrarrestar las acciones del crimen, por lo que instó a la ciudadanía a contribuir con la seguridad.

“Nosotros instamos a la población para que denuncie; uno de los mayores problemas que tenemos en las capturas in fraganti, principalmente en el robo de celulares y otros delitos menores, que la persona lo que pide es que se le devuelva su bien, que es la prueba, pero las personas solo vienen, piden sus pertenencias, se le devuelven y no interponen la denuncia.  Se queda sin sustento la captura”, refirió.

CADENA DE JUSTICIA FALLA
Miembros de la sociedad civil opinan que por los casos documentados, se ha evidenciado como la cadena de justicia falla contra los sindicados de un asalto, principalmente aquellos que son detenidos en el momento que cometen el hecho y tal y como se mencionó con anterioridad, la denuncia ciudadana que pueda acompañar la judicialización de los casos es importante.

“Lo peor de los asaltos es que no tienen consecuencia. Se hace una denuncia o a veces la policía captura in fraganti al tipo, se va al juzgado y va de reverso; las leyes son bastante permisivas y  los jueces no quieren perder su tiempo con esos delitos, sino enfocarse en situaciones de alto impacto”, refiere Ana María de Klein, de la organización Madres Angustiadas.

Por otro lado, Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), opina que la falta de coordinación entre policías, jueces y fiscales permite que los sindicados de cometer asaltos queden libres de cargos.

“Hay una descoordinación entre los operadores de justicia –policías, fiscales y jueces–, aunque creo que los que más están fallando son los fiscales y los jueces.  Los fiscales no aportan suficientes pruebas, entonces los jueces terminan dejando en libertad a aquellos que la policía ha capturado”, dice Polanco.

Uno de estos casos se documentó el pasado 29 de enero, cuando fueron detenidos en la Calzada Roosevelt, Natanael de Jesús Chon Pérez y Jonathan Alexander García Guerra, ambos de 21 años, sindicados de asaltar en esa ruta.

Sin embargo, el juzgado que conoció el caso dejó a ambos jóvenes en libertad.  La PNC dijo que como medio de prueba había presentado las imágenes que sindicaban a estas personas, pero no había «parte pidiente» para imputar delito.

Unos días después de este hecho, Chon Pérez y García Guerra, nuevamente fueron detenidos por escándalo en la vía pública, el delito lo habrían cometido en la colonia La Verbena, donde residen, pero también fueron dejados en libertad.

Testimonios de personas afectadas e investigadores, refieren que se vuelve necesario para ellos «acumular» causas y casos, porque cuando se lleva a un ladrón de celulares frente a los juzgadores, por ejemplo, algunos sienten  que condenar a alguien por eso es «excesivo» y lo que le piden al acusado es que devuelva los bienes sin darse cuenta que el hecho que un delincuente esté libremente en la calle, le quita tranquilidad a muchas personas, poniéndolas en riesgo de ser incluso asesinadas en un hecho delictivo.

“Ahora hubo un repunte de asaltos, porque hay un control de los delincuentes que se dedican a extorsión; se mudan a otro tipo de actividad, que son los asaltos en los autobuses. Hay un incremento del 10 por ciento, estadísticamente comprobado que a fin de mes y en quincena se duplican este tipo de hechos”.
Édgar Guerra
Defensoría de los Usuarios del Transporte Público
Procuraduría de los Derechos Humanos