En menos de un mes, 19 civiles han muerto bajo las balas de empresas de seguridad privadas extranjeras, el otro «invasor» de un Irak decidido a que esos disparos, por miedo o arbitrariedad, no se cobren más vidas iraquí­es.

Dos mujeres iraquí­es perdieron la vida esta semana cuando empleados de la empresa de seguridad privada URG dispararon contra su coche, por acercarse demasiado al convoy que protegí­a.

El 16 de septiembre otros 17 iraquí­es murieron bajo los disparos de empleados de la compañí­a de seguridad Blackwater, encargada de la seguridad de la embajada de Estados Unidos en Irak.

Ambos incidentes en menos de un mes han puesto en el ojo del huracán a esas empresas privadas que ofrecen servicios de seguridad con miles de empleados que los iraquí­es consideran mercenarios y las tropas estadounidenses califican de segundo contingente armado en Irak.

«Esas compañí­as desprecian a los iraquí­es inocentes», dijo el viernes el ayatolá Ali Sistani, la principal autoridad religiosa chiita de Irak, al pedir «leyes para proteger a los ciudadanos».

Y es que ya sea por miedo o por arbitrariedad, esas empresas parecen tener una excesiva facilidad con el gatillo que contribuye a empeorar aún más la ya trágica situación en Irak, como denunció esta semana la propia ONU.

Naciones Unidas hizo público el jueves un informe en el que exhortó abiertamente a los paí­ses aliados, y a Estados Unidos en concreto, a perseguir judicialmente a los extranjeros empleados por las compañí­as de seguridad privada que con su acción contribuyen a la violencia que azota Irak.

Esos empleados «deben ser perseguidos en sus propios paí­ses cuando se producen incidentes como los ocurridos en los últimos dí­as», advirtió el portavoz de la ONU, Said Arikat.

La denuncia de la ONU coincidió con la presentación por parte de una asociación norteamericana pro-derechos humanos de una demanda en Estados Unidos contra Blackwater en nombre de un superviviente y de las familias de tres de los fallecidos en el tiroteo del 16 de septiembre.

Las empresas afectadas, por su parte, han intentado justificar sus actuaciones. En el caso de Blackwater, afirmando que sus hombres hombres respondieron a una emboscada mientras escoltaban un convoy.

La URG, por su parte, contó que sus empleados «respondieron primero con medios no mortí­feros como gestos y señales luminosas» hasta que, temiendo un atentado suicida, «hicieron uso de sus armas».

«Trabajamos en convoys de 4 ó 5 todoterrenos blindados perfectamente identificables. Por eso cualquier incidente se convierte en potencialmente peligroso y se necesita una respuesta rápida, lo que explica el nerviosismo de los tiradores», explicó un responsable de URG que solicitó el anonimato.

La Unity Resources Group (URG) -con base en Dubai, aunque con personal occidental- se esforzó además por destacar que trabaja protegiendo a dos organizaciones no gubernamentales estadounidenses y que da empleo a iraquí­es, tanto como choferes como ametralladores.

Pero sea cual sea su justificación, el gobierno iraquí­ está decidido a no permitir más incidentes semejantes, que calificó de «crí­menes arbitrarios».

Por eso a principios de semana anunció que muy pronto una ley impondrá «estrictos mecanismos de control» a esas empresas que proliferan desde la invasión estadounidense de Irak, en marzo de 2003.

En teorí­a se ocupan de misiones de protección de diplomáticos y de altos funcionarios, pero en la práctica sus empleados son acusados de actuar con arrogancia y brutalidad.

Incluso un informe del Congreso estadounidense publicado a principios de octubre indicó que los hombres de Blackwater -propiedad de un ex militar estadounidense- estuvieron involucrados en 200 tiroteos desde 2005, siendo los primeros en disparar.