El oscuro negocio de la luz


La generación y distribución de la energí­a eléctrica en Guatemala está en manos privadas. Deocsa distribuye energí­a en nueve departamentos en la región suroccidental y Deorsa la comercializa en diez en el nororiente. La también compañí­a española Iberdrola, que opera la Empresa Eléctrica de Guatemala, cubre Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez. Estas empresas fueron establecidas con bienes del Instituto de Electrificación, INDE, y después fueron vendidas en 1999. La mayorí­a de acciones de la EEGSA, que antes eran propiedad del Estado, fueron negociadas en 1998. En 2004 se vendieron las últimas acciones de Deorsa y Deocsa. Unión Fenosa, de capital español, adquirió la mayorí­a. El 9% de las acciones pertenecen a inversionistas nacionales.

Marco Vinicio Mejí­a

En nuestro paí­s, el servicio del sistema eléctrico es más caro e ineficiente desde que está en manos privadas. El alza internacional del precio del petróleo justificó continuar la construcción de hidroeléctricas. Entre 1989 y 2003 los empresarios las edificaron en el Rí­o Capulí­n (Escuintla), Rí­o Las Vacas (Guatemala), Rí­o Bobos, Matanzas y San Isidro Chislascó (Baja Verapaz). En las cinco están involucrados los Ayau Cordón y Minondo Ayau que, en las dos últimas, se asociaron con Tecnoguat y Enel Latinoamérica. La última es propietaria de la hidroeléctrica Canadá, construida en el rí­o Samalá, Quetzaltenango.

El grupo de los Bosch-Gutiérrez tiene la propiedad de las hidroeléctricas Las Vacas I y II, y Renace, en el rí­o Cahabón, Alta Verapaz. Están asociados con Enel Latinoamérica para construir la hidroeléctrica Santa Teresa, en el rí­o Polochic, Alta Verapaz. En agosto de 2005, el gerente del INDE, Carlos Colom, presentó 36 proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas.

Los empresarios obtienen privilegios del poder polí­tico. En lugar de competencia económica hay una competencia por rentas a conseguir del Estado, sin que exista contraparte productiva. Las prerrogativas limitan el acceso a las actividades económicas, segmentan los mercados y restringen la movilidad de los factores de producción, en perjuicio, principalmente, de las personas de menores recursos.