Cuando se discute la ya abierta controversia entre la Municipalidad de Guatemala y el Gobierno central por la salida que le dieron a la crisis del transporte pesado, hay que tratar de entender cuál fue el origen del problema, para que de esa manera podamos hacernos un mejor juicio. Evidentemente, en los medios de comunicación el Alcalde no goza de mayores simpatí­as y por lo tanto se parte de la primera diciendo que hubo autoritarismo, abuso de poder y prepotencia al no dialogar con los transportistas en paro, pero poco se ha dicho sobre el efecto que la restricción al transporte pesado tiene en el tráfico de los vecinos de la ciudad.

En resumidas cuentas, el problema se originó por el caos y la anarquí­a existente en la red vial y por el impacto que el transporte pesado tení­a en la circulación de vehí­culos en las horas pico. Por ello, el gobierno local dispuso regular los horarios para que el transporte pesado pudiera circular y emitió una resolución hace seis meses en ese sentido. Los efectos los hemos visto todos los que nos desplazamos por la ciudad en esos horarios, puesto que indudablemente ha habido más fluidez.

Hubo algunos reclamos, especialmente porque en apariencia la Municipalidad ha usado distintos raseros para medir el tema y los pesados camiones mezcladores de cemento tienen algún privilegio que no tienen otros camiones, pero en términos generales hubo aceptación de la medida y se acató sin mayores problemas. Durante los seis meses anteriores no hubo reclamos fuertes ni exigencias disonantes, por lo que era de suponer que todo continuarí­a igual.

De pronto, cuando quedaba exactamente un mes para las elecciones, se viene el problema y se decreta un paro en el que fue evidente la presencia de gente armada en las carreteras para impedir la libre locomoción de aquellos pilotos que no acataron el llamado al paro. Ante la crisis de abastecimiento, el gobierno convoca al Alcalde para reuniones conciliatorias y el jefe del ayuntamiento, con su caracterí­stica personalidad, los manda a la punta de un cuerno y no asiste a ninguna. El gobierno, viendo que el problema se le va de las manos, emite un acuerdo para restringir la capacidad del municipio para ordenar el tránsito en sus jurisdicciones, obligando a las municipalidades a que consulten con el Gobierno central en esos casos.

Recapitulando, el origen del problema fue el desorden en el tránsito y la manipulación polí­tica del tema. Por ello es que ahora no debemos caer en precipitaciones para actuar, en ningún lado, y se debe entender que al confrontarse se cae cabalmente en el juego de quienes diseñaron la crisis con fines polí­ticos, porque ninguno de los actores saldrá ganando y lo más probable es que los vecinos sean los que paguen el pato.