En una carta escrita en 1555 al rey de España, el Cabildo de Guatemala, del cual formaba parte a título perpetuo el gran cronista Bernal Díaz del Castillo, solicita la destitución, como oidor de la Audiencia de los Confines, de Alonso de Zorita—el graduado de Salamanca que nos legó sus valiosos testimonios sobre la organización política y tributaria de los antiguos señoríos indígenas.
Un aspecto llamativo de esta carta es que dicho Cabildo se atreviera a pedirle al monarca que no se tomara el trabajo de enviar a estas regiones a un buen letrado dado que en Guatemala. “los libros se rompen más de húmedos que de usados”.
Aparte del valor anecdótico del mensaje, que ya presagia el poco culto a los libros que existe en Guatemala, llama la atención que se especifique que un funcionario destinado a impartir justicia no necesite una buena formación. Tal vez subyace a esta petición la conciencia de que las mentes críticas, que a menudo se nutren con el estudio, fueran a cuestionar las prácticas crueles de los encomenderos. Zorita, es de mencionar, era del aprecio de Fray Bartolomé de las Casas.
Y es que desde tiempos de la conquista las prácticas opresivas contra los indígenas siempre han sido indigeribles para las perspectivas jurídicas de corte humanista. En este contexto, es de notar el carácter limitado de los argumentos que defienden, desde un punto de vista jurídico, la represión violenta ejercida contra los indígenas de Totonicapán. Tal defensa descansa en una profunda pasión, sospechosa por cierto, por el Estado de derecho. Es de lamentar que tal recelo, legalista más que jurídico, no hubiese surgido hace cuarenta años; una generación de guatemaltecos, especialmente intelectuales y líderes populares, no hubiese sido diezmada. Después de todo, la idea de Estado de derecho no es una noción reciente; ésta ha estado disponible desde hace por lo menos un siglo, especialmente en el pensamiento alemán asociado a Georg Jellinek.
Con todos sus aspectos positivos, sin embargo, el Estado de derecho no constituye un ideal moral en sí. Joseph Raz considera al Estado de derecho como una condición de un buen sistema de derecho, de la misma manera en que el filo de un cuchillo constituye una condición para la excelencia de un cuchillo. Nadie puede negar el valor que posee un sistema de derecho que cumple con estas condiciones. Los seres humanos, por ejemplo, no pueden realizar sus planes de vida en un ambiente penetrado por un poder arbitrario que cambia su voluntad de un momento para otro. Pero así como un cuchillo admite varios usos, el Estado de derecho se presta a varios fines. El concepto del Estado de derecho no nos dice nada acerca de la justicia y la igualdad. A menos, claro, que nos conformemos con una idea muy restringida y formalista de lo que es la libertad humana.
En este contexto, los sectores dominantes de nuestra sociedad explotan los potenciales oscuros que ofrece este carácter relativamente neutral del Estado de derecho. En un editorial reciente en Prensa Libre, por ejemplo, se argumenta que los bloqueos de carreteras constituyen una “violencia de hecho”. El argumento supone que la noción de violencia descansa en la negación de un derecho. Sorprende, sin embargo, el poco desarrollo de este argumento respecto a sus implicaciones genuinas; éste supone que a la violencia se responde con violencia, más aún cuando los que protestan son considerados como “delincuentes”, en la triste opinión del presidente del CACIF. Tal argumento, no obstante, autoriza la pregunta acerca de la violencia de hecho que supone la violación constante de diversos derechos de las personas y comunidades indígenas a lo largo de la historia, entre ellos el derecho a la vida.
Es de notar que el carácter neutral del Estado de derecho es superado por el paradigma del Estado constitucional de derecho. Este tipo de régimen ya supone la inserción del derecho en los órdenes interrelacionados de la moralidad, de los valores y de los derechos humanos; un orden de este tipo es susceptible de calificativos éticos. El orden, desde luego, es en sí un valor; pero un rasgo característico de los valores, en opinión del filósofo argentino Risieri Frondizi, es que éstos se estructuran en jerarquías. La vida, con todo el significado de dignidad que ella comporta, es un valor mucho más fundamental dado que sin ella no existen los otros valores.
Frente a la rigidez de la posición del editorialista en cuestión —postura que quizás hubiese convencido al oidor que pedían los encomenderos — uno no puede dejar de recordar al constitucionalista italiano Gustavo Zagrebelsky quien en su escrito “La idea de justicia y la experiencia de la injusticia”, considera que a menudo “la legalidad tiene poco o nada que ver con la justicia”. Este autor enfatiza que la justicia llama a la observancia de la ley, pero siempre en términos de algo más alto que la simple ley, esto es, la misma justicia Incluso la maquinaria nazi tenía un Estado de derecho, aunque, como lo apunta Zagrebelsky, lo que existía era un “estado de delito”.
Ahora bien, un régimen que no tiene legitimidad, un “estado de delito”, sobrevive a costa de la negación constante y sistemática de los derechos de las personas. Ernesto Garzón Valdés, refiriéndose a las prácticas legales en América Latina decía que “más que el imperio de la ley, lo que se percibe son estrategias variadas para escamotear su aplicación y moverse libremente en un ámbito ajeno al derecho”.
Esto nos lleva a pensar que si vamos a defender el Estado constitucional de derecho, lo tenemos que hacer en un sentido pleno. A la hora de evaluar las protestas, manifestaciones y bloqueos debemos tomar en cuenta la injusticia que se ha instalado en la vida y en la memoria de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas protestan no sólo contra imposiciones puntuales, sino contra una continuidad histórica henchida de injusticia.
Albert Camus consideraba que para “gobernar bien no basta con exigir orden, hay que gobernar bien para poner en práctica el orden que tiene sentido” el cual, según el escritor, se basa en la justicia. La tarea de estos gobiernos debería ser contribuir a restañar las heridas de una sociedad injusta. Gobernar una sociedad tan llena de desigualdades no ha de ser una tarea fácil; ante todo, por las redes de injusticia que obstruyen, a cada paso, un ejercicio político humanista. Pero si la historia, como se dice, es un tribunal, entonces hay que actuar de manera valiente para que se haga posible un futuro digno para la mayor parte de nuestra población. Y en esta perspectiva las comunidades indígenas ofrecen alternativas para pensar un futuro más luminoso.