La campaña electoral para las presidenciales en Colombia arrancó de lleno esta semana sin que ningún aspirante se muestre como claro favorito, en ausencia del mandatario ílvaro Uribe, lo que promueve el juego de alianzas.
Uribe, de 57 años y en el poder desde 2002, deberá abandonar la presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto, luego de que la Corte Constitucional considerara ilegal que optase a un tercer mandato consecutivo.
El presidente era hasta ahora el político con mayores posibilidades de triunfo en las elecciones, con un 46% de intención de voto, muy por encima de todos los demás candidatos de los cuales ninguno llega al 20%.
«Al no estar Uribe en la contienda electoral, todos los demás aspirantes quedan casi empatados, y se abre el juego de las alianzas, que va a ser muy complicado», dijo Rubén Sánchez, de la Universidad del Rosario.
La primera vuelta de las presidenciales está prevista para el próximo 30 de mayo y la segunda el 20 de junio. Antes, los colombianos elegirán Congreso el 14 de marzo y ese mismo día el Partido Conservador y el Partido Verde escogerán en internas a sus candidatos a la presidencia.
Uribe, que originalmente pertenecía al Partido Liberal pero se lanzó como independiente hace ocho años, no tiene un grupo político único, sino que se ha apoyado en diversas organizaciones de diferente origen y tamaño.
Entre los grupos políticos que respaldan a Uribe hay una larga lista de aspirantes. De ellos, los que aparecen como sus más cercanos seguidores son el ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, del Partido de la U; y el ex titular de Agricultura, Andrés Felipe Arias, del Partido Conservador.
Con estos dos se reunió Uribe el fin de semana, justo después del fallo del tribunal.
«Conversamos sobre el futuro, sobre la necesidad de garantizar que todo lo que hemos construido con el presidente no se fuera a echar por la borda», comentó Santos este lunes.
Pero además de Santos y Arias figuran los aspirantes del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras; y otros cuatro del Partido Conservador: Noemí Sanín, Martha Lucía Ramírez, ílvaro Leyva y José Galat.
En ese panorama, Uribe desempeñará en las semanas siguientes el papel de gran artífice de las alianzas, opinó Sánchez, quien considera que «hoy en día está descartado que un político no uribista gane las elecciones».
Uribe ha basado su popularidad en un estilo de gobierno cercano a la gente común, pero sobre todo en su política de mano dura con la guerrilla, orientación que prácticamente todos los candidatos, aun con matices, prometen continuar.
El analista político Fernando Giraldo, que acompaña al candidato presidencial independiente Sergio Fajardo, señaló que una vez descartada la eventual postulación de Uribe, los diversos aspirantes a la presidencia «comenzaron los primeros acercamientos en busca de alianzas».
«Vamos a ver contactos entre los uribistas, y también búsquedas de alianzas de los verdes, del independiente Fajardo, y de los liberales, pero todas quedan aplazadas a la segunda ronda electoral, porque los candidatos quieren medirse», dijo Giraldo.
Según Giraldo, el único que quedaría fuera de los pactos electorales sería el ex guerrillero del M-19 y actual candidato del Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro, pues «nadie se va a unir a alguien tan claramente identificado con la izquierda».
DINEROCRACIA
A una semana de que se celebren las elecciones legislativas en Colombia, candidatos y observadores electorales denuncian colosales gastos de campaña y la posible compra de votos, en un proceso político que aún estaría afectado por el narcotráfico y el clientelismo.
La Misión de observación electoral (MOE) en Colombia conoció el caso de un candidato al Senado con gastos que podrían alcanzar los 7 mil millones de pesos (alrededor de 3.5 millones de dólares), aunque la ley establece un tope de 675 millones.
«Ni utilizando los salarios de los cuatro años como congresistas podrían recuperarlos (…). ¿Por qué tanto dinero invertido para llegar?», denuncia Lázaro Paniza, candidato al Congreso del Polo Democrático Alternativo (izquierda) en un volante de campaña.
«Uno no se explica que las campañas cuesten tanto si no es a cambio de algo», comenta Elizabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia, una ONG que monitorea la corrupción precisando no obstante que «no todos los partidos» son sospechosos.
El propio presidente del Consejo Nacional Electoral, Marco Emilio Hincapié, denunció en febrero las «toneladas» de dinero en efectivo que movían las campañas.
«Se comenta que se están gastando ríos de dinero, le corresponderá a los tribunales de garantía verificarlo», confirma una fuente del Consejo.
Organizaciones como Transparencia por Colombia temen que esas sumas provengan de actores legales o ilegales, que buscan asegurarse el apoyo de futuros parlamentarios.
«La modalidad más común es: «yo te financio ahora y tú me contratas después»», asegura Ungar, pero la «diferencia entre Colombia y los otros países es la presencia del narcotráfico y de actores armados», añade.
Según Claudia López, directora del observatorio político de la MOE, este fenómeno se explicaría por «un cambio de estrategias de los grupos armados al margen de la ley y de los candidatos que se alían con ellos».
«Los grupos paramilitares y las bandas criminales emergentes estarían usando más recursos ilícitos para promover los candidatos de su preferencia», añadió.
Y muchos sospechan que esos dineros sirven para sobornar a los jurados de votación y algunos de los 29,8 millones de colombianos que figuran en el censo electoral.
Según una encuesta realizada por Invamer Gallup, 7% de los colombianos han vendido alguna vez su voto a cambio de dinero en efectivo, un mercado, trabajo o material de construcción, lo que podría representar hasta 12% del censo electoral.
A 22% de los encuestados no se le ha comprado directamente el voto, pero se le ha prometido, a cambio de su apoyo, trabajo, vivienda o becas.
«En 2010 hemos recibido información sobre compra de votos por entre 20 mil y 140 mil pesos (entre 10 y 70 dólares), según las regiones», asegura Alejandra Barrios, de la MOE.
«En Bogotá, por ejemplo, son mucho más baratos que en el departamento del Guaviare, porque allá hay menos población», prosigue.
«Se ve por parte de las autoridades electorales un mayor esfuerzo» para luchar contra este fenómeno, añade Barrios, pero «queda una parte complicada, que es la relación comercial entre el votante y el candidato», afirma, al aseverar que las razones profundas hay que buscarlas en la manera de hacer política, la pobreza y la amplia geografía colombiana.
Los votantes «ven una vez cada cuatro años al candidato y piensan: «yo no voy a gastar 30 mil pesos (en transporte para ir a votar) por alguien a quien no conozco, si quiere que vote, pues que a mí no me cueste nada»».
Así, aunque el voto no se compre siempre directamente, toca pagar el «paseo, la comida y la chicha», señala.
Según un informe de la MOE publicado el viernes, el riesgo de violencia disminuyó en un 27% comparado con el que se encontró en las elecciones locales de 2007, pero aumentó en cuanto a posibilidades de fraude.
En el 2007, 328 municipios presentaban riesgos de fraude electoral y actualmente son 546 los que se encuentran en esa lista.
La popularidad del presidente ílvaro Uribe entre los colombianos se ubicó en 63% en el último mes y, aunque elevada, es la cifra más baja de sus casi ocho años de mandato, reveló una encuesta divulgada esta semana por la prensa local.
Según el sondeo de la firma Invamer Gallup, publicado por el diario El Tiempo, el 63% de los 1mil 200 encuestados dijo tener una imagen favorable del mandatario. Esta cifra equivale a una disminución de cinco puntos comparada con una medición igual que se hizo en diciembre.
El sondeo atribuye esa caída en parte a una propuesta para reformar el sistema de salud pública, que todavía es objeto de debate.
Según Jorge Londoño, gerente de la encuestadora, en diciembre de 2009 «sólo el 38% de las personas desaprobaron la gestión de Uribe en el manejo del tema de la salud, pero en febrero esa cifra aumentó 21 puntos y pasó a 59%».
En febrero, Uribe anunció una polémica reforma al sistema de salud colombiano que provocó un generalizado rechazo del sector y protestas callejeras, y lo obligaron a revertir varios de los decretos que él mismo había promulgado.
Según el gerente de la encuestadora, además del tema de salud, otros dos factores contribuyeron a la disminución en la imagen presidencial: su manejo frente al tema de las guerrillas izquierdistas del país y en la lucha contra el narcotráfico.
Ante la política de Uribe de mano dura contra los grupos rebeldes, el 47% de los encuestados cree que las cosas están empeorando, ocho puntos más que en diciembre, señaló la encuesta.
Con respecto al combate al tráfico de drogas, 45% de los entrevistados considera que ha empeorado.
El sondeo fue realizado por entrevista telefónica sobre un universo de 1.200 personas en las cinco principales ciudades de Colombia entre los pasados 24 y 28 de febrero. La encuesta tiene un margen de error del 3%.
Uribe se encuentra en el séptimo y último año de gobierno, en su segundo mandato. Hace una semana, la Corte Constitucional le cerró la puerta a la posibilidad de optar a un tercer mandato consecutivo, al negar una ley que convocaba a un referendo reeleccionista.