No cabe la menor duda que la reducción del número de diputados es un tema muy atractivo para la mayoría de los guatemaltecos que perciben al Congreso de la República como algo nefasto por la actitud de algunos de sus integrantes que no han tenido ni pudor ni vergí¼enza. El último caso, el de ese magnánimo perdón que las autoridades judiciales han dado a los diputados viajeros y al Presidente del Congreso, sobre la base de que ninguno de ellos dejó constancia fehaciente de haber falsificado la invitación, como si fueran tan torpes para haber dejado prueba, viene a ser una especie de guinda para un pastel que se ha venido fabricando desde hace mucho tiempo.
Los ciudadanos percibimos al Congreso como un gasto oneroso para el país y de escaso rendimiento. Su costo, sin embargo, no llega a ser tan alto como se piensa, puesto que llega al uno por ciento del Presupuesto General de la Nación, pero la satanización de la clase política, a la que tanto han contribuido los mismos políticos con actitudes deleznables, hace que veamos al recinto parlamentario como el reducto de una partida de inútiles, incapaces y sinvergí¼enzas, al punto de que la población, tan poco dispuesta a reaccionar ante la realidad nacional, abrazaría con entusiasmo cualquier propuesta para reducir el número de los diputados.
No cabe la menor duda de que los guatemaltecos aprobarían con mayoría abrumadora cualquier propuesta para lograr ese objetivo y eso lo entienden algunos sectores que están promoviendo distintas formas de reforma constitucional. En otras palabras, el gancho para cambiar la Constitución, con fines que no son del todo claros, está en reducir el número de diputados al Congreso. Algo así como la reforma en tiempos de Ramiro de León Carpio, disfrazada de depuración del Congreso y que permitió incluir cambios como el que prohibió al Banco de Guatemala otorgar crédito al Estado, sirviendo en bandeja a los bancos privados un jugoso negocio.
Para hablar claro, el número de diputados no está consignado en la Constitución y bastaría reformar la Ley Electoral para reducir la cantidad de representantes, puesto que es en ella donde se establece la elección de un diputado por la cantidad de habitantes en cada distrito. La Constitución apenas dice que por cada distrito electoral (los departamentos más el municipio de Guatemala) se elegirá por lo menos a un diputado y que la lista nacional será el 25 por ciento del total de diputados distritales. Actualmente la Ley Electoral dice que se elegirá a un diputado por distrito y uno más por cada 80,000 habitantes. Basta elevar esa cifra para reducir significativamente la cantidad de representantes, sin tener que manosear la Constitución de la República y no decirlo claramente es un engaño a la población que tiene la finalidad de embaucarnos con una reforma constitucional que es tema de profunda discusión y, definitivamente, harina de otro costal.