Los medios de comunicación escrita dedicaron varios espacios para el debate de este importante documento para la acción directa de la educación privada, como consecuencia de la convocatoria que realizó la COMISIí“N CONSULTIVA PARA LA REFORMA EDUCATIVA, a través de la representante de los centros educativos privados, licenciada Belinda Navas.
La reunión realizada el lunes 3 de diciembre de 2007 en las instalaciones del Instituto América Latina, fecha programada para recibir opiniones a solicitud del Mineduc, contó con más de 150 colegios. Una muestra mínima para la cantidad aproximada de 10 mil colegios privados que funcionan en el país. Pero fue suficiente para conocer algunos detalles del documento y de su probable aprobación. Previamente se reunieron varios colegios católicos y evangélicos en fechas y lugares distintos, según lo manifestaron ese día.
Iniciar el debate e ir construyendo una democracia participativa, es el espíritu que anima este proceso, que lamentablemente no comparten las actuales autoridades del Mineduc.
Por ello, en la reunión ordinaria de la CCRE realizada el 5 de diciembre, se presentó un breve resumen del documento y se aclararon algunas situaciones:
Primero, nadie se opone a los cambios que son necesarios para mejorar el sistema educativo guatemalteco.
Segundo: existen temas de fondo del documento, que por estar ligados íntimamente con el quehacer de los colegios privados, deben ser ampliamente discutidos.
Tercero: entre los temas destacan los siguientes: la estandarización, la certificación, la clasificación de colegios, el Proyecto Educativo Institucional, PEI, las cuotas escolares, el convenio y el reglamento interno del funcionamiento de los mismos y su aprobación de la Diaco.
Cuarto: se informó oficialmente que pueden presentarse observaciones y sugerencias hasta el 15 de diciembre de 2007.
Quinto: que la vigencia del reglamento lleva un proceso burocrático complicado, por lo que se estima que no será autorizado antes de enero del 2008.
Estos planteamientos facilitan un poco la posibilidad de opinión a la que tienen todos los ciudadanos e instituciones, de acuerdo con la Constitución Política: el derecho a la participación, sobre todo si se trata de asuntos que competen el trabajo que se desarrolla.
Se reconoce que hay motivos suficientes para establecer un reglamento de centros educativos privados. Lo cuestionable es la forma en que se quieren imponer. La mayoría de los directores y propietarios asistentes manifestaron su desconocimiento del proyecto y además de los mecanismos que se piensan implementar. No hay duda que el Mineduc es el responsable de la educación, pero eso no le da derecho a imponer inconsultamente diversidad de acciones. Es muy sano ceder al ampliar el tiempo para recibir consultas.
Ojala que las instituciones afectadas se pronuncien eficiente y efectivamente, pero sobre todo, es necesario que las tome en cuenta el Mineduc. Ese temor existe por experiencias recientes en otros temas de carácter nacional. Los colegios católicos, evangélicos, los empresarios de la educación y las organizaciones de colegios privados tienen un reto y un desafío inmediato para aportar sus puntos de vista. Sin duda alguna, el tema de la educación privada es complejo porque existen diversidad de situaciones, por ello la estandarización, evaluación y clasificación debe analizarse desde los diversos puntos de vista que la implican. Toda innovación es necesaria y urgente. Los cambios del mundo actual exigen ritmos de trabajo y de cambio continuo. Lo que no se vale es la imposición y la puesta en marcha de procesos sin la participación de quienes tienen derecho a opinar. Si se está construyendo la democracia, la participación es indispensable. Sin duda la puesta en marcha de un nuevo reglamento de educación privada afectará a quienes no llenan los requisitos mínimos. Es loable reconocer que para mejorar la calidad de la educación se requieren procesos actuales, pero se insiste, estos deben ser consensuados.