En el documento: «El Negocio más Infame», editado por la Cooperativa Estudiantil Fénix, de la Escuela de Ciencias Políticas de la Usac, se indica que durante el conflicto armado, los niños de corta edad se convirtieron en botín de guerra, lo cual duró desde esas fechas hasta un poco antes de la entrada en vigencia de la Ley de Adopciones y con ella el funcionamiento del Consejo Nacional de Adopciones.
En ese periodo de tiempo los niños se convirtieron en «mercancía de compra-venta» y de exportación, saliendo miles de niños del país de esta forma. En dicho documento se señala que en tiempo del conflicto armado, las altas estructuras militares formaron el sistema que permitía que los niños que quedaban huérfanos o abandonados producto de las acciones militares, de quienes ejecutaban los tristemente conocidos planes de genocidio, fueran objeto de venta a familias extranjeras, para ello se colocó a personas de su confianza (familiares de los militares), en puestos de las instituciones estatales quienes se encargaban de expeditar los expedientes objeto del procedimiento administrativo de adopción, que daba validez a los procesos notariales respectivos.
Las instituciones estatales que fueron copadas para este efecto fueron: La Secretaría de Bienestar Social, La Procuraduría General de la Nación, La Dirección General de Migración, los Juzgados de Familia del Organismo Judicial.
Este sucio negocio de compraventa de niños, con el paso del tiempo se convirtió en toda una estructura, integrada por grupos de poder y altos funcionarios de diversas instituciones del Estado, incluido el Organismo Judicial, que ya no se conformaron con los niños huérfanos o abandonados en las áreas de guerra, sino generalizó el sucio negocio a todos los departamentos del país.
Esta estructura en sus elementos bajos y medios estaba integrada entre otras personas por: «jaladoras»: encargadas de contactar a las madres y convencerles en dar en adopción a sus hijos a cambio de una suma de dinero, «cuidadoras»: quienes quedaban a cargo de los infantes durante el tiempo que durara el proceso de adopción, médicos que atendían el parto o inducían el nacimiento si el niño «urgía», quienes también extendía cerificados de atención de nacimiento falsos, Notarios: que eran contratados para usar su protocolo y de esa forma hacer parecer que el grupo que se dedicaba a ello era grande, cuando sólo estaba concentrado en ciertos grupos de poder.
Los grupos más poderosos de quienes se dedicaban al sucio negocio de la adopción tenían «hogares de niños», y a través de sus páginas Web, promocionaban a los infantes y el costo que suponía para los adoptantes la compra de niños o niñas. También en dichas páginas se ofrecía viajes de visita al país, turístico y de conocimiento y familiarización con el niño a adquirir, de estos «hogares de niños», había los reconocidos legalmente y los clandestinos.
Cada niño tenía un costo de entre TREINTA A CUARENTA MIL Dí“LARES, de ahí pues el interés que existía para que continuara esta compraventa de personas.
El negocio que inició con la comisión de crímenes de guerra, continuó esta forma de proceder, pues como la demanda era mucha se procedió al robo de niños (sustracción de menores), son muchos los casos en que las madres y familias rogaron a través de los medio de comunicación que les devolvieran a sus hijos, sin encontrar eco en los autores de estos delitos, pues era más redituable robar un niño que un vehículos por ejemplo.
A estos niños se les cambiaba la identidad, pues se les inscribía de nuevo en algún Registro Civil, con la certificación de atención de parto expedida por un médico, haciendo parecer como madre a otra mujer, quien a su vez daba el consentimiento para que el niño se fuera en adopción, lo cual también como es sabido constituye delito.
Era común ver en los hoteles de cinco estrellas a personas extranjeras recibiendo niños guatemaltecos. Recientemente un canal español documentó que se intentaba vender niños guatemaltecos a través de Internet, la responsable fue detenida pero lamentablemente posteriormente fue liberada por una juez, mediante una caución económica. También se recuerda que la hermana de un destacado diputado del Partido Patriota, de apellido Rivera, fue detenida y por supuesto también después liberada, porque se dedicaba también a este infame negocio.
A la fecha este sistema de poder y de delito que vendía niños se encuentra intacto y es necesario saber quienes fueron y son los responsables de esta estructura, para ello es un avance los estudios a los documentos desclasificados de la Secretaría de Bienestar Social, que hace la Procuraduría de Derechos humanos, que se deberían ampliar a los de las instituciones mencionadas.
Estas estructuras de poder y crimen, también debe ser investigada por la CICIG, con el objeto de esclarecer los delitos cometidos contra tantas familia y niños guatemaltecos.
La adopción es una noble institución del derecho de familia, que permite encontrar una familia a niños que han quedado en el desamparo, pero fue utilizada para la trata de personas.
La recién entrada en vigencia: Ley de Adopciones y el ente creado por ella: Consejo Nacional de Adopciones, están recobrando la verdadera naturaleza de la adopción, esto es satisfactorio pues son avances en el país, que seguramente nos deben de conducir a un verdadero Estado de Derecho, donde no se busque y permita acumular riqueza y poder sobre la base de la comisión de delitos. La sociedad y el Estado debemos de contribuir a construir un país donde la vida digna no sea un sueño.