Las telefónicas no tienen opción; ante la demanda social, pública y especialmente de sus clientes, deberán implementar un registro de quienes tienen aparatos celulares, comprometiéndose a entregar toda la información necesaria a las autoridades gubernamentales de protección e investigación, que evite que estos medios de trabajo y comunicación, sirvan para hacer el mal.
Es indudable que la tecnología ha alcanzado a la sociedad e inclusive la ha sobrepasado en muchos aspectos, especialmente cuando las herramientas electrónicas se convierten en verdaderos insumos para alcanzar objetivos y metas. Los dispositivos telefónicos ya no son solo eso, sino son computadoras u ordenadores electrónicos en donde se pueden hacer citas de trabajo, documentos, transacciones bancarias y mil cosas más. Pero así como ha sido bueno, también es usado por aquellos que delinquen sin mayores escrúpulos, matando por robar, extorsionando por valores económicos e influenciando aspectos de coordinación entre redes del crimen organizado, que sin tapujos, se adueñan cada vez más del país, y más importante, de su gente.
La campaña pública que se ha trazado un grupo de organizaciones sociales para la aprobación de una iniciativa de ley que obligue a tener un registro de teléfonos móviles es un buen ejemplo de civismo, pero es increíble que los diputados al Congreso de la República tengan que ser presionados por campañas mediáticas para entender (o hacerles entender) que estas acciones y medidas, tomadas ya en otros países han sido exitosas para el control del crimen, especialmente el que a veces pareciera ser más notorio; para el caso de Guatemala, los asesinatos por robo de celulares y las extorsiones. Pero en realidad hay más de fondo en el uso y manejo de esta tecnología de alto nivel y que sirve, entre otros fines, para localizar vía satelital a las personas, enviar mensajes de texto para extorsionar y cuántas cosas más que son conocidas en todo el país. También a estas redes criminales, que operan bajo el amparo de esta tecnología, se les facilita su deleznable objetivo, al carecer el Estado de un insumo tan importante como identificar quién, cómo y cuándo adquirió un celular, así como la obligación de reportar su robo, pérdida o venta, cuando sea aplicable.
Dentro de las consideraciones para estos temas es que el sistema de tecnología ha crecido mucho y es sumamente dinámico, por lo que este tipo de acciones solo mermaría el sistema de comunicación de los guatemaltecos, pero estas medidas quizá sean solo temporales, o por lo menos parciales, pues es mejor tener un control en materia de seguridad, que permita proteger, prevenir y combatir la delincuencia, a que un grupo económico de poder como las telefónicas evidencien una disminución en sus ganancias. Es un tema de urgencia, puesto que todos vivimos en gran zozobra al momento en que recibimos una llamada o debemos realizar una.
El compromiso de realizar este registro debe ser hecho por los inversionistas extranjeros que han copado el mercado económico de esta oportunidad, con el apoyo y facilitación del Estado, para que de forma conjunta puedan entregar a la sociedad una respuesta que aunque sea tarde, otorgue una herramienta técnica que establezca un mecanismo de control y seguimiento de los casos que requieren seguridad y la tan ansiada justicia.