La entrada del narcotráfico al paí­s permite la proliferación de armamento de «grueso calibre y altamente sofisticado», aunque se pretende que la problemática disminuya con la ley que regula la portación de armas y municiones, lo que representa un desafí­o.

Las armas que se incautaron recientemente en operativos antinarcóticos, en diferentes departamentos, dan cuenta que son «mortales», de estas sobresalen las AK-47, M-16, AR-15, así­ como granadas de fragmentación «letales».

«Nos preocupa mucho la situación porque fortalece a los grupos de narcotraficantes, especialmente en los enfrentamientos armados que dejan un saldo trágico de muertos, tal como lo sucedido en Santa Ana Huista, en noviembre pasado», afirma un oficial de la División de Análisis e Información Antinarcótica (DAIA).

La fuente señala que el narcotráfico y el crimen organizado están «fuertemente armados», prueba de ello es lo incautado en uno de los más recientes operativos en Amatitlán. «Quedamos sorprendidos con lo que hallamos esa vez, esas armas no habí­an sido usadas, estaban listas para ser utilizadas», manifestó.

De acuerdo con la DAIA, personas vinculadas con el narcotráfico han llegado al punto de «clonar armas», es decir compran dos pistolas, una la registran legalmente y la otra la adquieren con caracterí­sticas similares; la misma marca, calibre y estilo, las cuales utilizan para cometer hechos delictivos.

Pese a que ya existe una ley que regula el control de las armas y municiones, el investigador antinarcótico no se muestra muy optimista ante ello, pues a su criterio, «desafortunadamente las normativas sólo quedan plasmadas en un papel y no llegan a más».

Carmen Rosa de León Escribano, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES), opina diferente. A su criterio, la normativa permitirá tener mayor control de las armas y municiones en el paí­s; aunque no cree que las muertes violentas puedan disminuir, sí­ considera que quien porte estos instrumentos bélicos podrá ser sancionado como debió ser desde hace mucho tiempo.

Por su parte, las autoridades del Ministerio de Gobernación y de la Policí­a Nacional Civil (PNC) insisten en que las armas y logí­stica halladas en los operativos antinarcóticos deben ser utilizadas para combatir el flagelo, ya que esos grupos ilegales cuentan con mejor armamento que las fuerzas de seguridad.

«Deberí­a existir una ley que estos equipos en lugar que se vayan a las bodegas del Organismo Judicial para que se pudran, se nos entreguen a nosotros para hacer frente al crimen organizado y al narcotráfico; nos ayudarí­a mucho», dice el director adjunto de la PNC, Rémber Larios.

Los funcionarios dicen estar conscientes sobre la situación vulnerable en la que se encuentran, por la falta de herramientas para la lucha contra la problemática, ya que con lo que cuentan actualmente no es lo más sofisticado; «es más, existe una buena cantidad de armamento que no se encuentra en óptimas condiciones, ni siquiera para combatir la delincuencia común», afirma una fuente de la Policí­a que prefiere no ser citada.