No basta con decir que uno se mueve, sino que tiene que haber desplazamiento para que efectivamente podamos hablar de movimiento y eso mismo pasa con el tema de la transparencia que, según los anuncios del Gobierno, constituye uno de los principales objetivos del proyecto de reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala. Literalmente los anuncios dicen que se persigue erradicar la corrupción transparentando la administración pública y, por supuesto nadie debiera de cuestionar un propósito tan enaltecedor y que, de palabra, buscaría llevar al país por un modelo de gestión en la que nada fuera secreto y todo estuviera en conocimiento de la opinión pública como garantía de que las cosas se hacen bien, transparentemente, para evitar la corrupción.

Los publicistas del Gobierno entienden bien el asunto, puesto que no hablan únicamente de combatir la corrupción, sino que dan el cómo al afirmar que es mediante la transparencia en la administración pública que se puede lograr ese objetivo que debe ser prioritario en cualquier sociedad, pero mucho más en aquellas que han caído presa de las prácticas más inmorales de gestión.
 
 Pero no deja de haber un notable contrasentido entre lo que se dice y lo que se hace. No basta con decir que se quiere transparencia, sino que hay que demostrarlo y si el botón de muestra que nos exhiben justamente cuando se presenta el proyecto “transparentador” al Pleno del Congreso es la forma en que enajenaron los bienes de Puerto Quetzal en beneficio de una sociedad constituida con cinco mil quetzalitos, es obvio que aquí alguien le quiere ver la cara de pendejo a muchos.
 
 Lo transparente, es decir, lo obvio y visible en ese negocio es que el Presidente de la República nombró como interventor de la empresa portuaria a un abogado que según su propia publicidad electrónica es experto (el mejor, dicen ellos) en manejar contratos con el sector público asesorando a sus clientes para obtener el máximo beneficio del Estado, para que dirija la operación que en el fondo extiende una concesión, disfrazada burdamente de usufructo regulado en una normativa que nunca se publicó y que ahora afirman que es un reglamento interno de la portuaria.
 
 Perdonen la expresión, pero no me jodan diciendo que están tratando de reformar la Constitución para lograr transparencia a fin de combatir la corrupción. El movimiento se demuestra andando, decían antes los viejitos, y en el caso del Gobierno su voluntad de transparentar las cosas se demostraría simplemente aceptando que algo secreto se vuelve turbio porque no es transparente. Cómo es posible que tengan tan claro en términos de propaganda que uno de los instrumentos contra la corrupción es la transparencia y se mantengan más agarrados que mano de trapecista al manejo secreto, opaco y turbio de una negociación de ese calibre que tiene consecuencias para los próximos 25 años por lo menos.
 
 Sin duda que al Presidente no le deben haber consultado el texto del anuncio que estarán pasando para promover las reformas porque él se hubiera dado cuenta de inmediato en la notoria, terrible y garrafal incongruencia entre lo que están promoviendo y lo que ha hecho y defendido a capa y espada. Alguien con la experiencia en el análisis como el general Pérez Molina, quien precisamente tuvo a su cargo el manejo y procesamiento de información sensible, tenía que darse cuenta del enorme flanco que le abre una frase como la que, con justicia y propiedad, destaca la enorme importancia de la transparencia para combatir la corrupción.
 
 Qué tendrá que decir la Constitución ¿Que se prohíbe hacer negocios oscuros y secretos como el del puerto? Y ni aunque lo pongan en blanco y negro servirá si nombran a un interventor con la encomienda de ir a piñatizar los recursos.