En 2006, la tasa de homicidios en Guatemala llegó a 24.2 por cien mil habitantes, la más alta en los últimos 20 años. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) sostiene que el índice normal de criminalidad se encuentra entre 0 y 5 homicidios al año, por cada 100 mil habitantes. La situación es «delicada» si el índice de homicidios está entre 5 y 8. Cuando excede de 8 se da un cuadro de criminalidad «epidémica».
Guatemala fue el cuarto país latinoamericano con la criminalidad más aguda después de Colombia (84.6 homicidios por 100,000 habitantes), El Salvador (43.4), Venezuela (34.1) y Brasil (31.0). Eso significa que en Colombia el índice de criminalidad fue 10 veces mayor a la epidémica; en El Salvador, 5 veces; 4.25 en Venezuela; en Brasil, 3.8 veces; mientras en Guatemala fue 3 veces superior al índice epidémico.
Ante esta epidemia han proliferado los llamados a emplear la «mano dura». Estos ofrecen una solución aparentemente fácil al aumentar la represión, subir las penas y encarcelar menores. Un reciente informe de USAID, citado por Bernardo Kliksberg, analiza su aplicación en El Salvador y Honduras. Estableció que las cárceles se superpoblaron, pero el delito no se redujo. Se deterioró aun más la relación entre el Estado y los pobres. Para muchos jóvenes marginados sin protección ni ayuda del Estado, la policía se convirtió en su único contacto con el mismo. El informe concluyó que la mano dura «está motivada políticamente». Resaltó que «es más fácil golpear a los integrantes de las maras que encarar los problemas sociales más complicados que se hallan detrás de su existencia, como la desigualdad en los ingresos y la pobreza».
Kliksberg advierte que es necesario distinguir el crimen organizado, las bandas del narcotráfico, el secuestro, y otras «a las que se debe aplicar todo el peso de la ley, de la inmensa ola de delitos menores de adolescentes y jóvenes típica de la región y que puede llevarlos después a delitos mayores. Detrás de esa ola, se halla la dura exclusión social. Uno de cada 4 jóvenes latinoamericanos está fuera del sistema educativo y del mercado de trabajo. También la desarticulación de muchas familias, principal unidad de prevención de delito, ante el peso de la pobreza, y los bajos niveles de educación».
Las sociedades exitosas en erradicar el delito, como Noruega (0,9 homicidios cada 100.000 habitantes), Dinamarca (1,1), Suecia (1,2), y Finlandia (2,2), no sufren de delitos debido al modelo nórdico de cobertura social universal, empleo asegurado, y educación garantizada. Un estudio en 21 países encontró lo mismo, una correlación directa entre gastos en seguridad social y tasa de homicidios.
Para Kliksberg, la epidemia de criminalidad puede detenerse, «pero se necesita pasar de la demagogia de la mano dura, a un gran pacto social que lleve a invertir más en educación, crear trabajo para los jóvenes, y proteger la familia». La policía debe participar junto con la comunidad para prevenir el delito. O sea, es hora de dejar el enfoque puramente policial, de «mano dura», y sustituirlo por una visión integral.