Aparte de una reunión a la que, con otros columnistas, me invitó el ministro de Gobernación en 2006, para abordar asuntos referentes a la seguridad pública, del señor Carlos Vielmann sólo sé que es otro de los empresarios que forma parte del equipo del presidente í“scar Berger.
Pero por su condición de industrial infiero que el titular de la cartera del Interior no tiene ninguna necesidad económica de aferrarse a ese cargo, o por lo menos eso es lo que se presume de los empresarios del gran capital. Al contrario, su imagen pública se ha ido desgastando conforme se incrementa la ola de violencia, que hasta ahora, ha llegado al extremo de la incertidumbre con la matanza de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano y su piloto, y después la ejecución de dos oficiales y dos agentes de la Unidad de Investigaciones Criminológicas, de la Policía Nacional Civil, a quienes se les atribuyó el asesinato de aquellos parlamentarios.
Ante estos hechos criminales, los políticos opositores, especialmente el precandidato presidencial Otto Pérez Molina, del Partido Patriota, y buena parte de la población reclaman su cabeza, como si con el cambio de ministro de Gobernación se resolvieran de inmediato los graves problemas de la delincuencia.
La destitución o renuncia del señor Vielmann sólo vendría a satisfacer las exigencias de la oposición política y a oxigenar muy relativamente al gobierno empresarial, para darle un respiro al agotado presidente Berger, quien debe anhelar que los días, semanas y meses que le quedan de gobernar transcurran rápidamente, ya sin la voluntad y el ánimo de impulsar la candidatura enhuerada del médico Alejandro Giammattei, efímero y olvidado héroe con pies de barro de la ocupación a la mal llamada granja penal de Pavón.
En el caso de que el ministro Vielmann abandonara esa posición, que para el crimen organizado significaría un avance en el proceso de debilitar al Estado, mientras que para los políticos de la oposición denotaría una victoria pírrica, no le resultaría muy fácil al presidente Berger encontrar ya no se diga a la persona idónea para sustituirlo, sino a cualquier improvisado con suficiente insensatez como para ocupar una función arriesgada, asfixiante y con corto tiempo de vida. Algo así como 10 meses, si llegara a resistir ese lapso.
Por supuesto que la renuncia o destitución del ministro de Gobernación aliviaría las tensiones, pero no sería la solución al grado de ingobernabilidad en que de hecho se encuentra el país, porque la crisis de inseguridad es consecuencia de un sistema que está por colapsar y por la ausencia de planes a corto, mediano y largo plazo, para combatir la delincuencia en general y el crimen organizado en particular, a lo que se agrega la severa dosis de corrupción que se agudiza conforme se acerca el final del período del actual régimen.
Al margen de la sustentación y aplicación de una política estatal de atacar las raíces de la delincuencia, que seguramente el gobierno del presidente Berger no lo va a hacer en lo que resta de su mandato, porque ni siquiera lo intentó al iniciar sus funciones, probablemente el lenitivo inmediato sería la suscripción del convenio del Estado de Guatemala con la Organización de las Naciones Unidas, para la creación y funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, cuya iniciativa de ley ya está en poder del Congreso.
Como lo dijo con inusitada lucidez el parlamentario panista Carlos Yat, el establecimiento de la CICIG podría ser la fórmula para desbaratar las estructuras del crimen que operan desde dentro de las instituciones estatales, especialmente en los órganos de seguridad, contra la opinión del diputado unionista Pablo Duarte, quien le apuesta a que las autoridades pongan en práctica «métodos ingeniosos» (sic) para desorganizar las bandas que actúan en estamentos estatales.
Aparentemente, ya suman 80 los legisladores que estarían dispuestos a votar por la suscripción del convenio con la ONU; pero tomando en consideración la lentitud con que se procesan los proyectos de ley en el Congreso, podría prevalecer la decisión de tomar el atajo del voto de falta de confianza al ministro de Gobernación, que marchar por un camino más confiable, como sería la pronta vigencia de la CICIG.
Entre tanto, el cuerpo diplomático acreditado en el país ya ha dejado sentir su opinión acerca del estado de ingobernabilidad, con sordas críticas a la ineficiencia del Gobierno, a la vez que ha transcendido que la presidenta de Chile, la socialista Michelle Bachelet, ha cancelado la anunciada visita oficial a Guatemala, posiblemente como signo de protesta por los escandalosos y sangrientos hechos criminales ocurridos recientemente.
(Al responder a una pregunta del reportero Romualdo, cierto ministro de Estado respondió: ?Si no fuera por tantos asesinatos, robos, asaltos, actos de corrupción y ejecuciones extrajudiciales, el índice de criminalidad de Guatemala sería el más bajo del mundo).