Tanto organizaciones sociales, como analistas en temas de seguridad y justicia, se han pronunciado en relación a la labor del Ministerio Público (MP), la cual han calificado de «ineficiente». Los porcentajes de las instituciones de la sociedad civil respecto la cantidad de casos resueltos en el MP coinciden.
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Uno de los informes del Centro de Estudios de Guatemala (CEG) sobre la situación de violencia en el país, coloca a Guatemala como uno de los países más violentos de América Latina. En ese marco, el porcentaje de casos que no cierran un círculo en el MP, es mínimo, según afirman organizaciones y analistas.
El más reciente pronunciamiento lo hizo el Grupo por la Justicia en Guatemala, quienes plantean que el próximo gobierno evalúe la permanencia de Juan Luis Florido, actual Fiscal General como jefe del MP.
Sólo en el período del actual presidente í“scar Berger se han cometido más de 20 mil delitos contra la vida. De los cuales, según coinciden analistas, sólo el 2 por ciento han llegado a una sentencia en los tribunales.
A lo anterior se suma que los jueces encargados de conocer los procesos judiciales contra los sindicados de un mínimo porcentaje de estos crímenes han argumentado en el veredicto, cuando éste es absolutorio, que hubo «falta de investigación por parte del MP».
Desde el pasado
Uno de los comunicados del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) explica que el problema de la «impunidad» viene desde el pasado, cuando las cifras posteriores al conflicto armado interno sobrepasan las 250 mil víctimas.
En ese marco se celebró recientemente una reunión que congregó a países del sur del continente para la discusión de esa problemática. Antonio Caba, de AJR, expuso que «es grave que los conflictos se presenten entre personas del mismo país y es urgente que se juzgue a los responsables de tanta gente inocente».
Puntos de vista
Javier Monterroso, del Programa de Fortalecimiento a Organizaciones Sociales en Temas de Seguridad (FOSS), opinó sobre el tema que «uno de los mayores problemas durante la gestión de í“scar Berger, fue que se demostró que hay cuerpos de seguridad involucrados en ejecuciones extrajudiciales, por lo que la situación es peor que hace cuatro años en el tema de seguridad».
Sandino Asturias, analista del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), comentó que en Guatemala «se han alcanzado los 6 mil homicidios anuales y existe entre 98 y 99 por ciento de impunidad respecto a esos crímenes».
Iduvina Hernández, de Seguridad en Democracia (SEDEM), en relación a la ejecución presupuestaria del MP en la resolución del tema, ejemplificó que «de cada quetzal asignado en el presupuesto para el MP, 98 centavos son tirados a la basura».
José Luis González Dubón, representante legal de la Liga Pro Patria, quienes interpusieron un recurso de inconstitucionalidad en contra de la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), opinó que los temas de seguridad y justicia durante la gestión de Berger, no fueron abordados.
El jurista agregó que «la solución al problema de seguridad, pasa primero por reconocer que es el problema más importante por resolver».
Organizaciones Sociales se han sumado a la exigencia del combate de la impunidad en el marco del cambio de gobierno que se efectuará dentro de pocos días en el país.
Javier Monterroso
Programa de Fortalecimiento a Organizaciones Sociales en Temas de Seguridad