Carlos Meany, ministro de Energía y Minas, asegura que los contratos extensos suponen mayores ingresos económicos para las comunidades de provincia y más beneficios para la competitividad energética nacional.
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Los campos petroleros de Rubelsanto, Chinaja Oeste, Caribe y Tierra Blanca, en el suroeste de Petén serán licitados próximamente por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para la exploración y explotación hasta por 25 años.
Actualmente se encuentran regidos por el contrato 1-2007 celebrado con Perenco Guatemala Limited, cuyo plazo se venció ayer y a la vez fue extendido de forma «transitoria», por seis meses, bajo la declaratoria de Contratación de Servicios Petroleros de Emergencia.
En adelante, el objetivo del Gobierno será evitar la utilización de contratos de emergencia -para períodos cortos- y extender los plazos de concesión a las empresas que licitan para la explotación, ya que de ello depende que éstas realicen fuertes inversiones en infraestructura e ingeniería petrolera.
De esa cuenta, en el caso Rubelsanto, el gobierno indicó que el «MEM debe suscribir (…) un nuevo modelo de contrato que permita la ejecución de las operaciones de explotación petrolera y garantice las inversiones necesarias para una operación eficiente y sostenida de los yacimientos hasta el agotamiento de los mismos».
PLAZOS EXTENSOS
Carlos Meany, ministro de Energía y Minas, opina que los contratos de plazos cortos, como los suscritos en el sistema de Contratación de Servicios Petroleros de Emergencia, han impedido que las empresas se interesen en invertir en la perforación de nuevos pozos y ampliar la infraestructura de explotación desde hace varios años.
Para el funcionario los contratos «más duraderos» suponen a las empresas mayor seguridad de sus inversiones, mejores condiciones de explotación, mayor productividad y, a la vez, mejores ingresos por regalías para el Estado.
Actualmente se producen cerca de 500 barriles diarios en Rubelsanto, mientras que el potencial llegaría a 2 mil 500 de contar con una sustancial inversión en infraestructura e ingeniería petrolera, refieren los estudios técnicos del MEM.
Según Meany, en ese campo es necesario profundizar pozos y perforar nuevos, lo que supone una inversión de entre US $8 y 10 millones por cada pozo, para lo que se requiere del capital de un inversor que cuente con la seguridad de un contrato «más duradero».
Al incrementar la productividad de un campo también se elevan los ingresos para el Estado por concepto de regalías, que en el sector petrolero oscilan entre el 18 y 45% de los beneficios netos.
PATRINOMIO
Organizaciones ambientalistas mantienen una férrea oposición a la explotación petrolera y en ese orden, dicen no estar de acuerdo con la política de extender los contratos para las empresas que se instalan en el país.
Alejandro Maldonado, del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social, opina que la extensión durante largo tiempo de los contratos significaría impactos más severos para el medio ambiente
La mayoría de las reservas naturales de crudo del país se encuentran en el departamento de Petén, donde también se ubican los bosques húmedos y principales generadores de oxigeno para la región centroamericana.
A criterio de los ambientalistas, la explotación que se realiza de los recursos fósiles está generando daños irreversibles a zonas protegidas, como ocurre en la Laguna del Tigre, San Andrés, Petén.
De igual forma, la ambientalista Magaly Rey Rosa rechaza la intención de promover la extracción de crudo, con el argumento del impacto que representa para el ambiente y la salud de las personas que habitan en zonas cercanas a los campos petroleros.
La intención de ampliar los contratos petroleros no parece una buena idea para Rey Rosa, en tanto que la ambientalista considera necesario revisar todos los acuerdos con empresas explotadoras para evitar que dañen las zonas protegidas.
«Es irresponsable pensar en la explotación petrolera cuando el cambio climático amenaza al planeta», puntualiza la ambientalista.
El campo de Rubelsanto se otorgó en concesión por dos años -y seis meses adicionales- a la firma Perenco Guatemala Limited bajo el sistema de Contratación de Servicios Petroleros de Emergencia, en 2007.
En esa oportunidad se aprobó el contrato -de corto plazo- por dos años a Perenco, debido a que una empresa francesa inició un litigio contra el Estado de Guatemala tras no conseguir la renovación de los contratos de explotación sobre los pozos de petróleo, después de un intento fallido de licitación.
Debido a que las acciones legales en ese caso se encuentran pendientes de sentencia firme, los próximos inversores interesados en licitar deberán conocer una cláusula especial del contrato que hace referencia a la situación legal del campo petrolero.