En la celebración del aniversario de la firma de la paz, llamada firme y duradera por las partes hace 17 años, el presidente Otto Pérez Molina habló de la importancia que tiene la amnistía planteada por la Ley Nacional de Reconciliación para alcanzar esa etapa de acuerdo final en la sociedad guatemalteca que asegure la convivencia pacífica de quienes tienen ideologías no sólo distintas, sino absolutamente contrapuestas.

Los alcances, y los límites, de la amnistía están debidamente señalados en la Ley de Reconciliación y por lo tanto nos tenemos que sujetar a lo que dice esa norma y a las resoluciones que sobre su supuesta inconstitucionalidad emitió en su momento la Corte de Constitucionalidad. En otras palabras, para todos los delitos específicamente referidos debe aplicarse la amnistía, con excepción de los que, también de manera muy específica, la misma ley deja al margen de la extinción de la pena.
 
 Pero yo creo que el problema no está tanto en la amnistía y la interpretación de ese instrumento legal, sino en la actitud de intolerancia que no hemos logrado superar y que hace que una postura ideológica distinta marque las actitudes de los individuos para generar la polarización que aún hoy podemos ver en el país, pese a la tesis de algunos de que con el derrumbe de la Unión Soviética se terminó la confrontación ideológica basada en radicalismos.
 
 En Guatemala no hemos encontrado los puntos que nos permitan alcanzar acuerdos de mutuo respeto hacia quienes no piensan como cada uno de nosotros y ello genera la confrontación que hemos visto agudizada a partir del juicio por Genocidio que se inició contra el general Ríos Montt y que vino a dividir profundamente a la sociedad, evidenciando que es un mito eso de la paz firme y duradera porque no se han enterrado las hachas y existen sectores que parecen dispuestos a revivir la confrontación del pasado porque exaltan los fantasmas que durante años marcaron a la sociedad guatemalteca.
 
 La Guerra Fría dejó huellas en todo el mundo, pero en pocos lugares sembró cimientos tan profundos como en Guatemala, país que fue su escenario en la primera mitad de la década de los años cincuenta del siglo pasado. La lucha entre comunistas y anticomunistas, alentada por la injerencia del Departamento de Estado norteamericano y de la Agencia Central de Inteligencia, uno y otra bajo la conducción de alguno de los funestos hermanos Dulles, protectores de los intereses de la United Fruit Company y con el poder suficiente para plantear esa protección en términos de una amenaza del comunismo para los intereses norteamericanos, representada por el Gobierno democráticamente electo en Guatemala, generó la división entre comunistas y anticomunistas que aún hoy sigue siendo la piedra de toque de nuestras relaciones sociales.
 
 El macartismo es ahora una condición de referencia histórica en Estados Unidos, pero en Guatemala sigue siendo inspiración de muchas posturas radicales que ven la mano del desaparecido poder del comunismo mundial en cualquier expresión social contraria a los intereses de sectores absolutamente obtusos que no atinan a comprender causas y razones.
 
 Por su lado los viejos militantes del decadente marxismo leninista no han sabido superar su radical postura y siguen enarbolando banderas que al día de hoy no sólo son caducas, sino que deslegitimizan la verdadera protesta y reacción social.
 
 El amplio espectro de corrientes frescas de pensamiento alejado de los radicalismos de los años cincuenta no pueden, sin embargo, abrirse espacio en medio de los viejos tambores de guerra enarbolados por los mismos actores que hundieron al país en un sangriento y estéril enfrentamiento que cobró demasiadas vidas.
 
 Mientras no aprendamos a ser tolerantes, con o sin amnistía, la reconciliación seguirá siendo una quimera imposible de alcanzar.