Quienes asumen trasladarse a Estados Unidos con poco dinero, deben recorrer más de cuatro mil kilómetros de rieles. Una parte de esa ruta -1,800 kilómetros de extensión- la realizan mujeres, hombres y menores de edad en el Ferrocarril Chiapas-Mayab, el cual pertenece a la subsidiaria Genesse & Wyoming. No es para pasajeros. Transporta una gran variedad de productos y funciona desde 1999 cuando se privatizó Ferrocarriles Nacionales de México. Es denominado por la migración laboral como el tren de la muerte, la bestia, el pollero o el tren de la esperanza.

Son diversas las razones por las cuales la migración laboral indocumentada utiliza un tren de carga como medio de transporte humano. Inicialmente debe señalarse la salida del ferrocarril de la frontera guatemalteca con Chiapas (Ciudad Hidalgo y Tapachula), así­ como Tabasco, desde Balancán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Macuspana y Tenosique, entre otros. Enlaza con Veracruz (puerto de Coatzacalcos), el estado de Oaxaca, tiene una conexión a través de Ferrosur para Salina Cruz, y se interconecta con otros concesionarios. En cualquiera de estas poblaciones y otros municipios de México, así­ como en lugares donde el tren debe ir despacio, hombres y mujeres tratan de subirse a los furgones para llegar a la parte de arriba, o treparse cuando el tren está en marcha, para ubicarse entre resquicios ubicados entre los vagones o ir colgados.

Quienes toman la decisión de llegar a la frontera norte de México en tren lo hacen por el factor económico pues no deben erogar nada de dinero. Asimismo, tienen información inadecuada pues asumen que existe poca vigilancia por parte de las autoridades migratorias de México. En el primer caso, es un viaje obviamente peligroso y sólo la desesperación por obtener un trabajo obliga a viajar de esa manera: exponiendo la vida y enfrentando la posibilidad de ser asaltados por grupos de maras o secuestrados por delincuentes. El segundo aspecto está reñido con la realidad pues México ha intensificado la vigilancia de la ruta ferroviaria. En ese viaje tan largo de varias semanas hasta tres o cuatro meses, los indocumentados e indocumentadas deben evadir operativos y retenes de las autoridades migratorias de México, que se efectúan para vigilar la ruta ferroviaria y detener (asegurar) a las personas en los vagones. Se proponen impedir el acceso a los estados fronterizos de México con Estados Unidos de Baja California, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas. Cuando encuentran a los agentes migratorios, quienes viajan en el tren saltan del mismo para correr y esconderse en cualquier lado.

La frontera de Guatemala con México la atraviesan diariamente cientos de ciudadanos y ciudadanas de Centroamérica. La anterior tení­a el objetivo de espera del tren (cada cuatro dí­as). Luego, el periodo se alargó e iniciaba su recorrido cada tercer dí­a. Sin horario fijo. Esta situación se volvió más complicada cuando la empresa propietaria del ferrocarril Chiapas-Mayab decidió suspender las operaciones desde la frontera Guatemala-México en agosto de 2007. Esta situación fue adoptada como consecuencia de los estragos en las ví­as por la presencia del huracán Stan. La controversia debe resolverse entre la empresa y el gobierno mexicano. El hecho aludido originó que centenares de mujeres y hombres indocumentados permanecieran sin alimentos en la ví­a férrea, a la orilla de carreteras, en potreros, casas abandonadas o entre la vegetación y tuvieron que caminar grandes distancias para llegar a lugares donde podí­an subirse al tren o retornar a sus paí­ses. Reseñar esta parte no significa desconocer a quienes tratan de llegar a Estados Unidos utilizando carreteras o la ví­a marí­tima desde Ocós o Tilapa en Guatemala. ¿Cuántas y cuántos seres humanos han sido engañados o se han ahogado en forma accidental o deliberada? ¿Porqué no procede la Policí­a Nacional Civil de Guatemala cuando los «polleros» y otros traficantes de seres humanos que se mueven públicamente en estos lugares o municipios de la frontera?

Existe, pues, lo que propiamente se puede señalar como el drama de la migración laboral indocumentada. Es una salida peligrosa y de incertidumbre a la ausencia de trabajo y negativas posibilidades por encontrar mejores niveles de vida. En sus paí­ses centroamericanos no existen polí­ticas integrales para evitar el flujo migratorio de personas o proyectos de inversión para detener el flujo de trabajadores y trabajadoras trasladándose a otros paí­ses, especialmente Estados Unidos.

Guatemaltecos y guatemaltecas tienen derecho a estar inmersos en la emigración laboral y, en cualquier parte del mundo, se debe respetar su dignidad como seres humanos. Es un derecho inalienable contemplado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, (Continuará).