Ayer la pareja presidencial, término que hubo necesidad de acuñar en este período, criticó la fiscalización que se hace al programa Mi Familia Progresa y señalaron que eso abría las puertas a la manipulación que podría dañar todo el esfuerzo que se hace para beneficiar con transferencias condicionadas a miles de personas.
ocmarroq@lahora.com.gt
Siendo el caso que La Hora ha formado parte del esfuerzo por conocer los datos de Mi Familia Progresa, queremos afirmar que nunca hemos pensado en hacerle daño a un programa de esa naturaleza porque compartimos la idea de que en Guatemala urgen políticas públicas, políticas de Estado, orientadas a combatir la pobreza. Justamente cuando logramos romper la protección que tenía el PDF que pudimos bajar de la página oficial de MiFaPro en Internet, lo primero que descubrimos fueron nombres duplicados, pero conociendo la realidad de nuestro país, al consignar el hecho dijimos que se trataría de homónimos o duplicados, pero que la falta de cédulas de vecindad no permitía establecerlo con toda propiedad.
La información básica está en Internet, lo único es que presentada de una forma en que no sirve de mucho ni para conocer las bondades del programa ni, mucho menos, para fiscalizarlo. De esa cuenta hubo necesidad de recurrir a ciertos programas para extraer la información y de esa cuenta poderla clasificar al punto de que la cantidad de homónimos o duplicados coincidió exactamente con la que días más tarde presentaron en la llamada «rendición de cuentas» que hicieron los encargados de Cohesión Social.
El alboroto se arma por la actitud oficial de impedir el acceso a información que, responsablemente manejada, únicamente puede ayudar a que se establezcan mecanismos de control y fiscalización que al mismo programa benefician. Porque no podemos dudar que en un paquete que rebasa ya los mil millones de quetzales en transferencias condicionadas a familias que envían a sus hijos a las escuelas, naturalmente y por fuerza tiene que haber errores y, por supuesto, acciones de mala fe que puedan realizar operadores de distintos niveles. Es tanto dinero que, por el bien del programa, los controles tienen que ser muy exigentes y cualquier ayuda que se pueda ofrecer en ese campo debiera ser agradecida, en lugar de maldecida.
Creer ciegamente en los miles de personas que están involucradas en la administración y repartición de esos millones de quetzales es torpe, porque no es secreto que en nuestro país el sistema está diseñado para alentar la corrupción y muchos lo saben y lo aprovechan.
El clima de confrontación planteado alrededor de la lógica y natural exigencia de información para transparentar un programa como éste sirve a los fines aviesos de quienes puedan aprovechar los agujeros del sistema para quedarse con la olla untada. Me imagino que MiFaPro tendrá sus propios sistemas de auditoría, porque no tenerlos sería suicida, y en ese contexto cualquier ayuda que pueda haber para impedir que algún largo se aproveche debiera ser más bienvenida que el nombre del anterior Ministro de Educación.
Nosotros demostramos, con el manejo de la información sobre los más de 40 mil duplicados u homónimos, que no estamos tratando de crear escándalo sino de informar al lector sobre la realidad de la situación.