El Departamento de Estado norteamericano tomó la decisión de notificar a los ciudadanos de ese país que quieran viajar a Guatemala que se abstengan de dirigirse a Panajachel, en las orillas del bello lago de Atitlán, durante los dos meses siguientes debido a que la principal vía de acceso desde Sololá está clausurada por trabajos que se realizan en la carretera y que obligan a utilizar rutas alternas que, a juicio de los norteamericanos, no reúnen condiciones de seguridad.
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Según la nota publicada hoy, los vecinos de Panajachel expresaron su descontento y malestar contra los avisos públicos que se hicieron en medios importantes de prensa de Estados Unidos porque, según ellos, les causa enorme daño especialmente a quienes están vinculados con la industria del turismo. Sin embargo, el problema no se tiene que achacar a quienes con responsabilidad cumplen con el deber de alertar a los ciudadanos de su país sobre una situación que no es inventada, sino que tendríamos que ver por qué se produjo la situación que ha obligado al cierre de la ruta.
Y eso nos hace hablar de la importancia en general de que exista un mecanismo para establecer la responsabilidad en el caso de fallas en la construcción de obra pública, sobre todo cuando se trata de puentes y carreteras de uso público común. No puede ser que vivamos en un país donde nadie es responsable de nada y en el que todo se puede hacer con criterio de auténtico mamarracho porque las autoridades jamás harán siquiera efectivas las risibles fianzas que se establecen en los contratos, no digamos una acción de daños y perjuicios que en realidad es lo que procede y lo que se hace en cualquier país no sólo civilizado sino en el que priva el imperio de la ley.
No puede ser que el malestar de los guatemaltecos se dirija en contra de quienes no tienen culpa de lo que está pasando. El problema no es por el aviso público a los potenciales turistas norteamericanos, sino por el cierre de la arteria que es vital para las comunicaciones y para que el turismo pueda viajar con toda seguridad. Todos sabemos que la ruta por Godínez, que fue la primera que existió para ir de la capital a Panajachel, es pintoresca pero que justamente por insegura fue descartada. El terremoto del 76 demostró cuán vulnerable es esa vía y luego los ladrones la convirtieron en su lugar de operaciones para desvalijar a cualquiera que se atreviera a pasar por allí.
Por supuesto que es lamentable el daño que sufrirán los vecinos por la falta de turismo, pero esa situación es consecuencia del problema en la carretera que, ciertamente, debiera esclarecerse para que se pueda saber exactamente si hubo errores de diseño, de construcción o si simplemente fue un problema de la naturaleza, como siempre se dice en Guatemala. Pero saber la verdad debiera ser la exigencia de los damnificados por la falta de turismo y no dirigir sus baterías contra el mensajero que avisa de la existencia de un problema. Esa tendencia de atacar al mensajero parece ser demasiado recurrente en la actitud de los guatemaltecos que rara vez averiguamos quién las debe sino que nos contentamos con ver quién las paga.
Elevar los estándares de la obra pública es imprescindible porque es obvio que los contratistas, de cuello blanco o de playera, se aprovechan de las deficiencias de un sistema que no les exige calidad en las obras y que apaña las mal construidas porque dejaron buen moco a favor de la autoridad que debió velar por trabajos bien hechos.