La respuesta de la PNC, tan indiferente y frí­a como el machete corvo que horas antes le habí­a marcado el cuerpo, empujaron a Jessica a pedir ayuda a las personas que transitaban por la aldea.

Con apenas 17 años, Jessica es madre de un niño de 2 años y medio. Su trabajo es tortear en una chicharronera, no sólo para mantenerse ella y a su bebé, sino para mantener al padre de su hijo, un hombre de 29 años, con orden de captura y quien la golpea con un machete corvo cuando ya no alcanza para comprar los cigarros que se fuma. Pero esta vez no solo la golpeó, sino se llevó al bebé.

La encontramos unos amigos y yo, al finalizar una jornada de trabajo. A su encuentro, Jessica llevaba seis horas de espera, sentada fuera de la subestación. Habí­a llorado toda la mañana y casi implorado a los agentes que atendieran su denuncia en repetidas ocasiones. Fue en vano.

Angustiada y con cierta timidez se acercó a nosotros y nos dijo: «Será que ustedes me pueden ayudar, es que me quitaron a mi bebé». Nos dirigimos hacia la subestación. Para eses entonces los agentes habí­an «salido a hacer unos mandados» y debí­amos regresar «más tardecito». Allí­ mismo realizamos unas llamadas a algunas personas que podrí­an indicarnos de qué manera recuperar al niño y pude ver en los ojos del agente cierto temor, pues él sabí­a que estaba incurriendo en una falta grave: omisión. Inmediatamente se levantó del lugar, tomó unos papeles que estaban sobre la mesa y nos dijo que ya habí­an redactado la denuncia para llevarla al juez correspondiente y todas esas palabras elegantes que dice un policí­a cuando intenta escucharse elegante.

¿Era necesario que nosotros acompañáramos a Jessica para que actuaran? En Guatemala, sí­. A pesar de contar con una ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, estos atropellos se repiten no solo en El Jocotillo, sino en todo el paí­s y son reproducidos no solo por quien comete el delito, sino por quienes contribuyen a que no se castigue ni se haga justicia.

De acuerdo a la Ley, el femicidio es un acto cometido por quien «en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer», penaliza su falta entre 25 y 50 años de cárcel y de 5 a 12 años para quienes cometan violencia fí­sica o sexual contra las mujeres. Se tipifica, además, la violencia económica con un pena de 5 a 8 años de cárcel para quien cometa el delito, al igual que la violencia psicológica.

Pero debemos recordad que la violencia contra la mujer, bebe en las mismas aguas que el racismo, la discriminación, el clasismo y el machismo; excluyendo y restándole valor a las personas por su identidad, su cultura, su condición social y económica, sus preferencias sexuales y su género.

Entonces, es a la transformación de las relaciones humanas que debemos apostarle, a través de la educación. Solo así­ podremos transformar el sistema económico, polí­tico, social y cultural que nos condena a vivir una realidad sin goce pleno de nuestros derechos, como la educación, la salud, la defensa, el conocimiento y el trabajo.

Esperarí­a que la indiferencia no nos llevara a sentir en carne propia la dureza de un machete corvo para adoptar un compromiso, para actuar y transformar.