Lic. Yolanda Pérez Ruiz.
Presidenta del Colegio de Abogados
A raíz de los asesinatos de los que fueron víctimas los diputados salvadoreños al Parlacen, de la ejecución de los supuestos autores materiales de ese asesinato, así como todos los hechos, declaraciones oficiales y desaparición de uno de los funcionarios separados de su cargo a consecuencia de los acontecimientos, amén de la situación general de violencia y corrupción que son parte de nuestro vivir, nos permitimos hacer las siguientes reflexiones:
El Estado es el encargado, el obligado a generar las condiciones que propicien crear, desarrollar y mantener la seguridad, la paz social y así alcanzar el desarrollo. Contrario sensu, una sociedad no progresa, no realiza sus fines si carece de justicia, seguridad y orden, lo que implica que el estado de derecho falla o no existe.
Guatemala es un país de contradicciones, de generalizada exclusión social, pobreza depredación de los recursos naturales, corrupción política y violencia, males a los que se aúnan la narcodelincuencia y el terrorismo. Tanto así que nos vemos tentados a compartir la afirmación que sobre el Estado colombiano hacía el escritor Fernando Vallejo, que éste último era un desastre sin remedio, sin remedio y sin perdón.
Por ello los guatemaltecos (as) vivimos presas del temor y la inseguridad, a tal extremo que en una encuesta publicada hace algunos meses, para los encuestados el lugar más inseguro es su propia casa. La corroboración a esa percepción la encontramos en que miembros de las fuerzas de seguridad (PNC) son incriminados del asesinato de los parlamentarios salvadoreños, mismos que son ejecutados en una prisión de máxima seguridad.
La anterior es una historia que se repite constantemente con algunos cambios, lo que ha producido como resultado un mal gobierno y la degeneración de la institucionalidad pública ?especialmente en el sector justicia- y por supuesto la constatación de que no vivimos en un estado de derecho, sino un derecho de estado.
A estas alturas cabe preguntarse entonces, ¿cuál es el mal? La respuesta podría ser que nuestro Estado es un estado fallido, incapaz de resolver las necesidades de sus ciudadanos ?necesidades que son las mismas que provocaron 36 años de guerra- y que a diez años de la firma de la paz se han agudizado.
Prueba de ello es que, la delincuencia organizada ha copado los espacios de la vida nacional, la delincuencia común pareciera irrefrenable y agentes de las fuerzas de seguridad participan en uno u otro tipo de delincuencia y por si fuera poco la ciudadanía percibe indicios de tolerancia y encubrimiento a altos niveles. Guatemala carece de justicia penal al igual que de justicia social.
Todo pareciera conducirnos a la consolidación de un proyecto de sociedad de pandilleros cimentada en la extorsión, la violencia y el miedo.
Las causas del mal
Las causas de nuestro mal son estructurales y hoy estamos conscientes que la extensión y profundidad del mismo son incalculables. Tanto así que la delincuencia tiene más capacidad de organización, de sistematización de sus acciones en formas cada vez más sofisticadas que el Estado para darles una respuesta.
Entonces cuál es la respuesta. La respuesta lógica sería que, los responsables de la seguridad y la justicia revisaran con sentido crítico por qué el marco jurídico estatal es insuficiente, identificar y prevenir los conflictos de intereses de los organismos e instrumentos normativos y así acotar con claridad la responsabilidad de cada servidor público, evitando con ello las consabidas inculpaciones mutuas y las estrategias de silencio y desinformación ya conocidas.
Realizar una revisión concienzuda de la legislación relacionada para precisar las figuras delictivas y establecer procedimientos ágiles y equitativos en la investigación, juzgamiento y el cumplimiento de las penalidades.
Adquirir la conciencia de que la justicia y la seguridad son costosas y problema de todos por lo que
Para esto y todo aquello que sea necesario para recomponer nuestra sociedad y el Estado mismo es imperativo reconocer nuestra debilidad como tal, y aunque suene a una verdad de Perogrullo, es necesario un pacto social que nos lleve a salir de la situación de estado fallido o inviable a un Estado constitucional de derecho.