Acudir al Congreso para hacer expreso del derecho de petición y abogar por una ley es válido, sin embargo por la delgada línea que separa al “lobby” del tráfico de influencias, en otros países se ha propuesto elaborar un registro de organizaciones sociales y representantes de intereses que buscan influir en las cortes legislativas, para garantizar la transparencia y la democracia. ¿Qué tan recomendable es esa práctica para Guatemala?

Cuando se discute sobre temas de nación, cualquier sector social puede acudir a las instituciones representativas para cabildear e influir en la toma de decisiones que les representen algún beneficio, para exponer ante los congresistas sus problemas, y soluciones alternativas respecto al tema que se esté tratando. A dicha actividad suele llamársele lobby.

La página www.lobbyingspain.com, explica que por «lobby» cabe entender cualquier grupo que representa sus propios intereses o intereses de terceros ante las cortes legislativas.

Dicha página explica que esta actividad en Estados Unidos, donde sí está regulada, tiene como objetivo convencer al Senado, a la Cámara de los Representantes y al poder legislativo de los estados, sobre intereses de personas u organizaciones.

En el país norteamericano la actividad de lobby, tanto para individuos como para grupos y corporaciones, está protegida por el derecho a la petición en la primera enmienda de la Constitución de EE. UU. “Los lobbistas tratan con los parlamentarios para explicarles las metas de las organizaciones que representan”, detalla la página.

BUSCAN REGULAR EL LOBBY

Recientemente el gobierno de España dio a conocer que impulsará en los próximos meses la creación en el Congreso de un registro en el que se inscribirán “las organizaciones sociales y representativas de intereses entre cuyos fines se encuentre influir, directa o indirectamente, en la actividad legislativa de las Cortes Generales y en general en la adopción de decisiones políticas por el Congreso de los Diputados o el Senado o por cualquiera de sus órganos”.

Si se cumple, será la primera vez que en España se regula la actividad de los lobbistas, y se hará a imagen de cómo funcionan, por ejemplo, ante el Parlamento europeo donde, sin embargo, el registro es voluntario.

Los argumentos para promover dicho registro son que regular la relación de lobbistas y los políticos permitiría separar “el grano de la paja”. Además se podría establecer diferencias entre las conductas legítimas y las que no lo son.

En una columna de opinión publicada en el periódico español El País, Juan Francés señaló que regular la actividad del lobby permitirá “desterrar la opacidad en el terreno de las relaciones entre los grupos de presión y poderes públicos”, ya que promovería la cultura de transparencia en el proceso de toma de decisiones.

SIN REGULACIÓN

Cuando las agrupaciones abusan de ese derecho legítimo para sacar provecho deja de ser un “lobby” y se convierte en una práctica de corrupción, ya que la actividad podría abordar el tráfico de influencias.

En Guatemala, ese punto, donde podría considerarse el lobby como un peligro de caer en ilegalidad, figura en el artículo 35 de la Ley contra la Corrupción, donde se señala que “comete delito de tráfico de influencias la persona que, abusando de su derecho de petición, por sí misma o por interpósita persona o actuando como intermediaria, influya en un funcionario o empleado público prevaliéndose para ello de su jerarquía…”.

Es por la falta de mecanismos de transparencia en esta práctica y su aparente incongruencia con la legislación contra la corrupción que se han creado registros de  lobbistas en otros países, y la misma idea parecería tener sentido en el caso de Guatemala, pero con cautela y un análisis profundo.

Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala (EG), reconoció la existencia de personas que buscan a los parlamentarios para intermediar en temas que se discuten en el Congreso, sin embargo dijo no conocer a muchos.

“Sé que hay gente de minas, del transporte; algunas veces nos han hablado para intermediar respecto a temas, pero no conozco mucho a los  lobbistas; siempre han existido personas que reciben salario de una institución para mantener presencia en el Ejecutivo y Legislativo, y así mediar en los asuntos afines a sus intereses”, indicó.

Estos representantes son la voz entre las entidades privadas, los intereses y parlamentarios, y podría considerarse que cada ministerio del Gobierno cuenta con este servicio.

“Sé del Ministerio de Agricultura, de Gobernación, de Comunicaciones; también hay personas del sector privado que hacen lobby”, expuso Montenegro. No obstante, a su consideración debe analizarse hasta donde esta actividad puede considerarse fuera de lugar o no, porque la relación con los congresistas es un aspecto del sistema político que siempre ha existido.

Respecto a regular la actividad de lobbismo y registrar a las organizaciones que participen en los procesos de política pública para garantizar la transparencia en las intervenciones con los legisladores, Montenegro consideró que también debe analizarse, para verificar si es una forma de poner regulaciones o por el contrario, criminalizar la labor de quienes luchan por un interés social.

“No podemos caer en una criminalización; hay miembros de la sociedad civil que hacen lobby para lograr una reforma al Código Penal o a la Ley contra el Robo de Celulares o reformas a la Ley de Comisiones de Postulación”, resaltó.

La entrevistada enfatizó en que tiene que examinarse la situación porque en muchos casos es legítimo. “Hay que analizar si se puede posicionar en  Guatemala un registro como tal”, concluyó.

OPACIDAD

Renzo Rosal, analista político, subrayó que en el país la actividad de lobby es “absolutamente opaca”, y que lobbistas no existen como tales, sino que hay gente que trata de hacer operaciones en el Congreso pero “para manejar negocios”.

“En otras democracias es casi una disciplina, es una profesión muchísimo más desarrollada, pero me parece interesante que a pesar de que en Guatemala parezca más precario se regule o por lo menos se discuta”, manifestó en entrevistado.

Además agregó que analizar el tema se justifica porque hay muchas personas e instituciones que realizan actividades de lobby sin conocimiento, “haciendo un manejo muy espurio de esas relaciones clientelares en el Congreso”. 

“Aquí tenemos un  lobbismo muchísimo más precario pero muy mal utilizado, casi salvaje”, acotó.

Rosal resaltó que regular la actividad contribuiría no solo a la cultura de transparencia en el proceso de toma de decisiones sino también mejoramiento a la gestión pública, ya que a su parecer es absolutamente válido,  legítimo y democrático el que se puedan establecer mecanismos de diálogo con el Legislativo.

“Que los ciudadanos, las empresas, las organizaciones sociales tengan un mecanismo de relacionamiento permanente con el Congreso; en Guatemala es poco desarrollado pero el tema de fondo es quién lo hace y bajo qué mecanismos lo realiza”, declaró.

También subrayó que el  lobbismo es un tema que no solamente aborda términos de transparencia, sino además el mejoramiento de relaciones entre los congresistas y la ciudadanía.

“Hablamos de representación política y un buen  lobbismo puede ayudar a mejorar el tema de la representación pero un mal  lobbismo termina siendo un mecanismo perverso de negociación espuria como la que hoy tenemos en el país”, advirtió.

Dentro de las propuestas de España para regular la actividad de lobby, se encuentra la disposición que los funcionarios estén obligados a hacer públicos los contactos que han tenido a la hora de realizar una legislación.

En ese sentido, Rosal recordó que con la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones hubiese sido positivo contar con dicho mecanismo para saber “con quienes se reunieron los diputados, con qué empresarios para que esa normativa fuera aprobada en versión rápida si no de una forma contraria a los intereses nacionales”.

NO ES RECOMENDABLE

Eleonora Muralles, de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) ha sido parte de la sociedad civil que ha tenido contacto con autoridades del Ejecutivo y Legislativo para que se apruebe la Ley contra el Robo de Celulares.

En ese sentido señaló que una regulación del  lobbismo de parte del Estado sobre las personas o entidades que demanden participación política no sería adecuada para el país, porque se coartaría la independencia y el derecho de petición.

“Yo no lo veo con muy buenos ojos que el Estado regule cómo intervenir, sin embargo habría que ver la propuesta, pero a nosotros como sociedad civil no nos parece adecuado”, dijo.

Según su percepción, por un lado parece que se buscaría restar independencia al trabajo de las organizaciones y lo conveniente, expresó, es que cada entidad establezca sus propias normas de interactuar de manera responsable y sin rebasar los límites.

“No me parece una buena idea, yo prefiero que sigamos como estamos y creo que en el mundo es más conveniente que las organizaciones estén afuera, observando, criticando y proponiendo, haciéndolo de manera independiente”, concluyó.

SIN CORROMPER EL SISTEMA

Andrés Castillo, de la Cámara de Industria, señaló que hacer valer la opinión, exponer una postura sobre la mesa o un criterio siempre es válido y sano, no obstante enfatizó  que debe hacerse de una forma correcta y transparente, sin coaccionar y corromper a las otras partes.

“Creo que es importante enriquecer los temas con los diferentes puntos de vista, pero siempre que sea fundamentado, y sin corromper el sistema. Es importante el hecho que los diferentes sectores puedan manifestar sus opiniones”, expresó.

Han existido casos, como el suscitado durante la aprobación del Presupuesto del año 2012, donde se dijo entre los pasillos del edificio del Legislativo que los diputados recibieron miles de dólares por votar a favor del plan de gastos.

El extremo podría considerarse como un tipo de lobby “sucio”, indicó el entrevistado y agregó que “hacer esas cosas sería como abrir una contingencia a futuro y obviamente se volverá un modus operandi que no le conviene a nadie”.

En ese sentido consideró positivo que en el país se regulara dicha actividad. Castillo además recordó que en Guatemala ya existe la legislación necesaria para castigar la corrupción y el tráfico de influencias, así como el cabildeo a través del pago de sumas de dinero; no obstante, criticó que la Ley no se cumple.

“Debe aplicarse la Ley y que haya certeza de castigo para que ese tipo de movidas se vean limitadas, aquí el problema es que tanto al corrupto como al corruptor, la Ley no se les aplica y cuando se logra, la justicia no llega”, lamentó.