Actualmente, se discute en el Congreso la iniciativa de la ley del acceso a la información pública, la cual obligará a todas las instituciones del Estado a brindar la información a cualquier ciudadano que la solicite. Sin embargo, esta ley ha creado cierta oposición por los mismos funcionarios ya que provocaría muchos contratiempios; en el sistema de justicia, no sería la excepción.
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El acceso a la información en el Organismo Judicial (OJ) se ha ido convirtiendo en un proceso tardío; tan así, que si se le pregunta al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quién es la coordinadora del área de comunicación de esa entidad, él reconocerá que no sabe quién es.
Los periodistas de que diariamente buscan noticias en la Torre de Tribunales, han coincidido en que el acercamiento a la información es lento y hasta restringido en algunas ocasiones. Por ejemplo, ayer ningún funcionario de esa instancia proporcionó información concreta respecto a los antejuicios contra Rubén Darío Morales y Eduardo Meyer, ex presidentes del Legislativo.
Algunos jueces y magistrados se niegan a dar declaraciones a los reporteros, aduciendo que «toda la información se canaliza por medio de Comunicación Social del OJ, o su vocero», sin embargo, el acceso a ellos no es tan factible.
Uno de los aspectos que la iniciativa a la ley del acceso a la información que se toman en cuenta, es que hay cierta información que debe permanecer como confidencial, como la que se refiere a la seguridad pública, por ejemplo.
En el caso de la información del sistema de justicia, cierta información, como los avances de investigaciones de casos de alto impacto, prefieren reservárselo, para no entorpecer la misma información. Sin embargo, no sólo con estos datos hay problemas, sino que hasta en información que ya es conocida y sabida.
Desde el OJ
La situación le fue manifestada a í“scar Humberto Vásquez, presidente de la CSJ, quien reconoció: «hay una licenciada de comunicación social que ha sido nombrada recientemente. Yo realmente el nombre no lo conozco», indicó.
El magistrado añadió que hay temas que ese departamento puede informar a la prensa y que «hay otros que por su trascendencia social pueden ser tratados con la Presidencia sin inconveniente», sin embargo ayer no proporcionó información sobre los procesos de antejuicio contra los diputados.
Consultada Nicté Lumus, coordinadora de Comunicación Social del OJ, sobre su acercamiento con los reporteros de esa fuente, respondió: «los fui a buscar y me presenté, pero no estaban todos, en vista de ello quiero hacerlo de nuevo».
Lemus también fue cuestionada sobre la lentitud en la recepción final de la información y declaró que «la institución es muy grande» y «la información no es tan fluida como quisiéramos». «Incluso ustedes se enteran antes que nosotros», indicó.
Guillermo Melgar, vocero del OJ, afirmó que «no existe una política de restricción a la información», y agregó: «el Código Procesal Civil y Mercantil habla que los interesados son las partes del proceso, por lo que si hay un juicio ordinario, no cabe el conocimiento público».
Sobre la dilación en la información respondió: «tenemos que competir con la prensa en la información (…) lo que nosotros queremos es accesar a los jueces como ha accesado la prensa», y agregó que trabajarán en un banco de notas en esa sección.
Antejuicios
Ayer se percibió cierto hermetismo respecto a las resoluciones de los antejuicios promovidos por el multimillonario desvío de Q82.8 millones del Congreso de la República en la casa de bolsa Mercado de Futuros.
«La información sobre los detalles que ustedes me están preguntando (antejuicios contra Meyer y Morales) no los tengo porque no llevo el trámite de ninguno de los antejuicios», recalcó Vásquez y añadió que es la Secretaría del OJ, la que ejecuta esos trámites.
Se intentó consultar a Jorge Araus, Secretario del OJ, sin embargo a las diez de la mañana no se encontraba en su oficina. Trabajadores de esa secretaría indicaron que había ingresado a sesión, pero no fue confirmado.