El presidente paquistaní, Pervez Musharraf, debe levantar el sábado el estado de excepción que impuso hace más de un mes, pero varios analistas estiman que esto no apaciguará la censura sobre la esfera judicial y los medios de comunicación, al acercarse las legislativas del 8 de enero.
Para ellos, la restauración de la Constitución, suspendida tras la imposición del estado de excepción el pasado 3 de noviembre, no permitirá levantar las restricciones impuestas a los medios, especialmente audiovisuales, ya que la prensa escrita no lo ha sufrido casi y ha permanecido muy crítica.
Tampoco se podrá restaurar en sus funciones a los jueces destituidos de sus funciones judiciales por orden del presidente Musharraf, en el momento en que el Tribunal Supremo podía haber declarado ilegal su reelección del 6 de octubre..
Politólogos y observadores extranjeros son unánimes: el levantamiento del estado de excepción, reclamado por la comunidad internacional y la oposición, tendrá un impacto muy débil en el desarrollo del proceso electoral, ya que fue rediseñado desde el 3 de noviembre.
El levantamiento del estado de excepción es un «ejercicio de relaciones públicas» que permitirá a los países occidentales sentirse más cómodos en su apoyo a Musharraf y al proceso electoral, incluso cuando numerosas voces se levantan para decir que no será «libre y equitativo», según Hasan Askari, politólogo y ex presidente de la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Pendjab..
Musharraf había justificado el estado de urgencia en la amenaza terrorista – los atentados islamistas próximos a Al Qaida se multiplicaron en todo el país, especialmente el noroeste – y la intromisión de los jueces en las prerrogativas del ejecutivo, según el presidente paquistaní.
De hecho, el Tribunal Supremo decía pronunciarse sobre su eligibilidad, y Musharraf excluyó a algunos jueces desde el mismo día de la imposición del estado de excepción, validando el nuevo tribunal su reelección.
Además, los 37 jueces destituidos no serán reintegrados nunca, prometió el gobierno, mientras algunos permanecen bajo arresto domiciliario.
Al mismo tiempo, el órgano de reunión de los medios audiovisuales reiteró esta semana que las emisiones políticas en directo están prohibidas, así como las intervenciones telefónicas de los telespectadores, mientras que los periodistas se arriesgan a una ausación de «difamación» del presidente, aunque la definición de difamación no haya sido claramente definida.
Si los jueces apartados de sus cargos no son restituidos y si se mantiene la censura de los medios de comunicación, el levantamiento del estado de excepción será nulo en sus efectos, afirma Rasul Baksh Rais, politólogo de la Universidad de Lahore.
«El levantamiento del estado de excepción no va a cambiar nada para las víctimas del estado de excepción», resume el politólogo.