La inflación cierra el año 2008 en el nivel más alto de esta década, el costo de vida subió 9.4% y las perspectivas para el año que se inicia son aún más difí­ciles. Tres son los aspectos más urgentes por los que principalmente debe velar el Congreso de la República: El primero, los ingresos de todos los asalariados del sector privado y público; el segundo, el control eficiente y adecuado de los precios y productos de la canasta básica, de los combustibles, de los servicios públicos; y el tercero, los tratados de libre comercio planteados y no ratificados por el Congreso con terceros paí­ses.

El Presidente de la República, antes que terminara el mes de diciembre, actualizó el salario mí­nimo y unificó el salario agrí­cola con el salario urbano con la excepción de los trabajadores dedicados a laborar en las maquilas. Si bien esta decisión ayuda, no es suficiente porque el salario mí­nimo no es la totalidad de los salarios que existen en el paí­s y quienes no dependen de un salario mí­nimo, salvo pocas excepciones, no recibieron mejora en sus ingresos.

Por ello, el Congreso de la República debe, en carácter de urgente, revisar y aumentar la bonificación salarial vigente de Q250 a por lo menos Q600, bonificación que no se ha actualizado desde el año 2001 y que le corresponde al Congreso hacerlo. Basta ver la curva de inflación para saber que se ha comido más de la mitad de la bonificación, de la misma manera que se ha comido un significativo porcentaje de todos los salarios.

El Congreso de la República y en especial la Comisión de Protección al Consumidor no pueden continuar su rol pasivo, deben de fiscalizar, de velar para que el Ministerio de Economí­a obtenga acuerdos y resultados en los precios de la canasta básica como se ha hecho en diferentes paí­ses de América Latina. De qué sirve que se exonere de impuestos, que se aumenten los contingentes de importación de harina para el pan, de huevos, pollos y carne de cerdo si estos beneficios, estos privilegios se quedan en la bolsa de los intermediarios y no llegan a beneficiar a los consumidores, a pesar del sacrificio fiscal

El Congreso debe requerir que el Ministerio de Energí­a y Minas obtenga que los precios de los derivados de petróleo, especialmente el diesel, se rebajen y mantengan actualizados de conformidad con el mercado internacional, evitando que los importadores y distribuidores suban los precios aceleradamente cuando se incrementan en el mercado internacional y por el contrario pasen meses antes de reajustar o rebajar los precios cuando los mismos bajan como ha sucedido en los últimos 90 dí­as. El diésel es determinante en el transporte público de personas y mercaderí­as, influye en la producción de tortillas, así­ como el bunker determina el costo de la cogeneración eléctrica por lo que si fuera necesario, el Congreso deberí­a de citar a los ministros constantemente y reglamentar que los precios de importación de los bienes de la canasta básica, sus insumos y los derivados de petróleo se publiquen mensualmente en sus importaciones.

En tiempos de crisis el Estado es el árbitro. Dejar que el liberalismo despiadado haga y deshaga es solo incrementar la pobreza y la extrema pobreza porque está comprobado que quienes más predican la libertad de mercado son los que más se aprovechan de las oportunidades y de los privilegios en contra de la población.

Continuará.