Cuando el mundo en desarrollo de Europa y Estados Unidos, se desliza hacia una nueva crisis económica internacional, caracterizada principalmente por una recesión, que implica el crecimiento negativo de su producto con las consecuencias negativas en el empleo, en Guatemala la discusión se ha quedado estancada en la obtención la denominada Actualización Tributaria,

Una reforma fiscal que se puede considerar un auténtico récord, en la historia democrática del país, pues ni el gobierno de Berger, pudo conseguir un acuerdo en esa materia en forma tan rápida como el actual gobierno lo negoció y obtuvo finalmente.

Si a ello se le suma que también se aprobó la conocida Ley Antievasión II, no se puede dejar de darle el mérito al gobernante, sus diputados y a sus autoridades de finanzas. Sin duda esta situación les permite mayor tranquilidad de cara al período de gobierno en término de ingresos, pero resulta conveniente voltear hacia la potencial crisis que se avecina y que requerirá un esfuerzo importante en materia de finanzas públicas para enfrentar dicha condición adversa en el exterior. Por otra parte, si bien se han mejorado las potencialidades de los ingresos, también resulta imprescindible hacer un análisis de los egresos, buscando que el presupuesto consiga reducir la notable brecha del déficit fiscal, que viene a ser presionada mayormente por la carga del servicio de la deuda, que heredaron como resultado de una gestión irresponsable en dicho ámbito durante el gobierno anterior.

Sin embargo, otra de las regulaciones legales que resultan imprescindibles para el ambiente económico es la eliminación del secreto bancario, en donde los cambios que sufrió en el Congreso de la República, la iniciativa original preparada por la SAT, dejan una propuesta de ley bastante ambigua, pues se quitaron plazos, se eliminaron instancias jurisdiccionales definidas y otros aspectos que le quitan fuerza a dicha ley, la cual seguramente es el resultado de las presiones de los grupos de interés para evitar que dicha regulación funcione efectivamente y pueda empantanarse en su ambigüedad y así no obtener los resultados previstos por la SAT en su propuesta original y de acuerdo con diputados y élites, permitiría responder a las convenciones internacionales, pero sin que se afecten los intereses de funcionarios de gobierno, diputados y empresarios vinculados al ámbito del enriquecimiento ilícito con los fondos de gobierno, así como evita que las cuentas de banco de empresarios, no puedan ser sujeto de fiscalización inmediata por la SAT.

La llamada Ley contra el Enriquecimiento Ilícito vendría a constituir en otro aporte significativo en la legislación guatemalteca que contribuiría a entrar con cierta propiedad al oscuro mundo de la corrupción en el uso, manejo y destino de fondos de gobierno que han hecho millonarios a empresarios y funcionarios por igual y que a partir de este comportamiento ha propiciado mayor opacidad a la gestión financiera de funcionarios, a la necesaria fiscalización que debe mejorar por parte de la Contraloría General de Cuentas y ha facilitado el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empresarios por igual.

Otro importante aspecto se refiere a la necesidad de renovar el directorio de la SAT, pues la llegada de una persona a dicha función, le asegura su permanencia cuasi vitalicia, pues la ley que dio luz a la SAT, no dejó la posibilidad de cambio o renovación de sus directores. Este es un esfuerzo que el actual Gobernante, la Vicepresidenta y su Ministro de Finanzas saben que amerita una modificación a la ley justamente para oxigenar dicho cuerpo colegiado, pues si bien, la presencia y el trabajo de diferentes personas en dicho directorio ha sido una señal de estabilidad y seguramente de trabajo continuo, resulta imprescindible un recambio para que los aportes de nuevas personas o personalidades, propicien un mayor debate a la luz de los cambios de la realidad económica del país y no se persista en mantener un cuerpo colegiado que hoy puede dar señales de acomodamiento, conveniencia e inacción; sin mayor debate serio, reflexivo y permanente de cara al futuro económico del país.

Hoy la tributación, el ordenamiento de las finanzas públicas y la seguridad ciudadana, transitan como la antañona, pero siempre vigente canción de los Beatles, por un largo y tortuoso camino. Difícil tarea, pero no imposible.