Al conocer esta semana sobre el fallo de la Corte de Constitucionalidad acerca del proceso sobrellevado al general retirado Efraín Ríos Montt, las críticas han surgido principalmente por el enfrentamiento reiterado de la sociedad, entre los que están quienes defienden al antiguo Jefe de Estado, simplemente porque consideran que juzgarlo tantos años después, ya no es correcto; y aquellos, quienes reclaman justicia sobre quien se presume ordenó matanzas como Comandante General del Ejército.
Esa situación de polarización, que tanto daño hace, también permite darle paz a conciudadanos que se han sentido vulnerados en sus derechos, principalmente por el tiempo de la guerra, cuando producto de ella, población civil se vio afectada por una guerra civil que, desde la montaña o la ciudad, provocaba inestabilidad política y crímenes para el país. Estos hechos, aunque se quieran minimizar, indicando que fue hace mucho tiempo o bien que ahora Guatemala no lo necesita porque debemos tod@s avanzar en la misma dirección, no pueden esconderse, ante los muy notorios testimonios que se tienen documentados, de las graves atrocidades cometidas en la guerra, tanto de la guerrilla como del Ejército.
Sin embargo, lo que es necesario entender es que el general Efraín Ríos Montt, aunque logre mediante influencias políticas y judiciales, detener el proceso en su contra, existen hechos ineludibles que han sido demostrados sucedieron durante su gestión como Jefe de Estado, lo que sin duda alguna pone de manifiesto una responsabilidad grave sobre su persona, tanto moral como públicamente. El proceso que se le ha seguido, sobre su responsabilidad por genocidio, aunque las resultas no están aún definidas, pareciera intrascendente, y solamente buscaría sumar más a esa responsabilidad del militar retirado, atendiendo a que de demostrársele su participación, significaría una intencionalidad manifiesta para acabar con una etnia determinada. Ese hecho aún no se demuestra jurídicamente.
Pero como Jefe de Estado, enfrenta una carga formal por las muertes ocurridas de la población civil no combatiente durante el ejercicio de su jefatura del país, recordando que la tuvo de una manera ilegal y por la fuerza, lo que es indicativo que tenía el dominio pleno de quienes controlaban al Estado y sus instituciones: el Ejército de Guatemala. Léase bien, que no se trata de determinar las muertes de los combatientes guerrilleros, aunque se conoce también que algunos de ellos murieron luego de ser capturados, vulnerando todos los principios del derecho a la guerra, establecidos en los Convenios de Ginebra y sus protocolos (aunque se quiera justificar que no eran aplicables por diversas razones políticas y jurídicas). Se trata de determinar su responsabilidad sobre población civil que no combatió, inocentes en la mayoría de sus casos, cuando eran obligados e intimidados por la guerrilla para que se les dotara de alimentos al pasar por las poblaciones, y luego castigados por el Ejército, porque no se les creía que dichos alimentos habían sido obligados a entregar, y no había sido voluntario. O bien cuando la guerrilla escapaba de la persecución del Ejército, y se resguardaba cobardemente en las poblaciones civiles no combatientes, creyendo que el Ejército no actuaría por proteger a sus conciudadanos, y encontrándose con órdenes superiores militares que mandaban a atacar, cobardemente también, a toda la población, combatiente o no.
El juzgamiento del Ejército en esa época y de quienes gobernaron al país de forma ilegal está hecho, pública y moralmente, y de eso no hay posibilidad de influencias ni favores. Eso ya se enseña en las escuelas y la obligación de tod@s es mantener esa memoria histórica, que aunque lamentable, es necesaria siempre tener presente, no para el rencor, sino para aprender del pasado y evitar nuevos errores en el futuro.