Hace casi tres años que las familias residentes en el Barrio San Antonio, zona 6, perdieron no sólo un lugar en donde vivir tranquilos sino la confianza en las autoridades, esto luego de que no obtuvieron ayuda por parte del Gobierno y otras instituciones para salir adelante.
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La noche del jueves 22 de febrero de 2007, la vida de por lo menos 720 personas cambió radicalmente cuando un agujero de 50 metros de diámetro y 75 de profundidad se abrió en medio de su colonia; en esa ocasión tres personas fallecieron.
Las semanas, e incluso meses que siguieron al desastre, diversos medios de comunicación informaron sobre el desalojo de las 140 familias que residían a una distancia de 200 metros del lugar donde se encontraba el orificio y los trabajos de revisión que se realizarían a los drenajes que colapsaron y causaron el daño.
Además, se habló de trabajos de relleno y la construcción de un sitio recreativo en el lugar, así como de proporcionar ayuda económica a los desalojados para que pudieran pagar el alquiler de un lugar seguro dónde residir.
Poco a poco la noticia fue convirtiéndose en historia, sin embargo, los vecinos del Barrio San Antonio aún recuerdan con tristeza, miedo y enojo cómo fueron sorprendidos por el hundimiento y cómo, posteriormente, fueron «abandonados por las autoridades».
VIDAS PERDIDAS
Durante el hundimiento dos hermanos y el padre de estos fallecieron, pero a la fecha, a la esposa y madre de las víctimas no se les ha entregado ningún tipo de ayuda, esto según lo comenta María Cristina Revolorio, vecina afectada y quien pertenece al comité de vecinos de esa colonia.
Además, la entrevistada indica que, como producto de la crisis nerviosa que padecieron y de la preocupación por no encontrar una pronta solución a su problema, otras dos personas perdieron la vida.
NADIE RECIBIí“ AYUDA
El abandonar su vivienda tuvo demasiadas complicaciones para los vecinos, no sólo por la pérdida de sus pertenencias sino también por el gasto que tendrían que realizar en el alquiler de una habitación, por ello, los afectados cuentan cómo miembros de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), ofrecieron un subsidio de Q1,500 por cada familia para este pago. «No recibimos ayuda de Foguavi, ni de la Municipalidad, menos de la Conred», asegura Revolorio.
Debido a la situación, los afectados decidieron regresar a sus casas aun cuando estas se encontraban en mal estado. Revolorio relata que fue a través de préstamos personales como pudo obtener el dinero necesario para invertir nuevamente en su vivienda; no obstante, existen otras familias que no han solucionado totalmente la precaria situación en las estructuras.
«Esto no fue un fenómeno natural, fue por dejadez de las autoridades centrales y no darle mantenimiento a los caudales», dice la representante del comité de vecinos.
Por otro lado, David de León, vocero de la Conred, indicó a este medio que la entidad no está autorizada para realizar algún tipo de pago, pues el trabajo de esta es coordinar con otras entidades y brindar asistencia en las primeras 72 horas después de ocurrido un desastre.
Además, De León informa que a la fecha la institución no ha recibido reportes por parte de los vecinos respecto a los temblores constantes, por ello, se dio a conocer el número 1566 para que los afectados puedan realizar los avisos respectivos.
EL CENTRO RECREATIVO
Otro de los compromisos adquiridos por las autoridades fue la creación de un centro recreativo para que las personas pudieran, de algún modo, superar lo padecido, sin embargo, según asegura la entrevistada, en el lugar destinado para ello se realiza la construcción de un motel, cuestión con la que los vecinos no se sienten conformes.
«Al comité no le dieron el estudio de impacto ambiental para la construcción; hasta hoy tiembla todavía y ese no es lugar para construir porque no hay ni tragantes activos, además, según la ley, ese tipo de lugares tienen que construirse por lo menos a 200 metros de donde hay familias», indicó Revolorio.
PROMESAS INCUMPLIDAS
Los ofrecimientos realizados a los afectados por parte de distintas entidades y que no han sido cumplidos han provocado que los vecinos del Barrio dejen de creer en ellas.
«Colom vino cuando estaba en su campaña, Espada vino como Vicepresidente y ofreció una ayuda de Q10 millones para las familias, pero hasta aquí no han dado nada», dice Revolorio.
Además, otro de los miembros del comité informó que varios vecinos establecieron una demanda en contra del alcalde ílvaro Arzú, debido al nulo mantenimiento de los drenajes, pero, a decir del entrevistado, esta no prosperó, pues además la Procuraduría de los Derechos Humanos también los abandonó.
Al ser consultado al respecto, el procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, lamentó que esta sea la percepción de los vecinos, ya que la entidad se encuentra dispuesta a ayudar a quien se lo solicite, «seguramente se trata de una falta de comunicación o descoordinación», indicó el procurador.
Al mismo tiempo, el magistrado de conciencia indica que va a dictar instrucciones para que se retome el caso.
El próximo 22 de enero se celebrará un acto de conmemoración en el punto del desastre, lugar al que acudirán todos los afectados por aquella noche trágica, a la que han llamado «El jueves del silencio».