El impuesto a la primera matrícula (Iprima) es una de las implicaciones que la reforma fiscal impulsada por el gobierno de Otto Pérez Molina tendría en los propietarios de vehículos terrestres, cualquiera que fuera su tipo.

La implementación del Iprima se haría en sustitución de los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) y se aplicaría al valor de mercado del vehículo que se consigna en una tabla de valores que anualmente aprobará el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, y se publicará, como se hace ahora, en el mes de noviembre de cada año.
 
Los tipos impositivos que se aplicarían van desde 5% para vehículos de transporte público, hasta 26% para automóviles de 5 personas, entre otros. 
 
De ser aprobado el Iprima, entraría en vigencia a partir del día siguiente al de la fecha de publicación, en el Diario de Centro América, de la resolución del Consejo de Ministros de Integración Económica de Centroamérica, que establezca una tasa del 0% a los DAI de vehículos terrestres. 
 
Según se explicó en la presentación de reforma, el nuevo impuesto otorgaría certeza sobre la base imponible eliminando la discrecionalidad, además de contribuir a preservar el medio ambiente, restringiendo la importación de vehículos de siete años de antigüedad. 
 
Eduardo Velásquez, profesor titular VIII del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR), de la Universidad de San Carlos de Guatemala, estima que la medida “en cierta forma, es correcta”. 
 
Pero dice que “lo que está queriendo hacer el Estado es resarcirse de los derechos arancelarios que ya no cobra”, porque también se da el caso que se “traen carros muy viejos”, facturados a precios muy bajos, y “lo que ha sucedido es que han metido un incremento al parque vehicular que ha venido a congestionar todo el tránsito en la Ciudad de Guatemala”.
 
“Se calcula que tenemos cuatro veces más carros que calles disponibles”, apunta Velásquez, “eso es lo que genera los congestionamientos, ahí no hay vuelta de hoja” agrega.
 
Afirma que la realidad es que “se va restringir la importación de vehículos con esas características”, pero el inconveniente que observa el experto, es que “esos usuarios van a tener que caer al mercado cautivo de los importadores de vehículos nuevos, va encarecerse la adquisición de un automóvil para esos usuarios”.
 
“Lo que se necesita”, afirma contundente, “es la implementación de una política pública de transporte urbano y extraurbano que le dé opción a la población que necesita un automóvil”.
 
Además de ser medida fortalecer los ingresos del Estado, según Velásquez, la medida está enfocada en la regulación del ingreso de vehículos para estabilizar o disminuir el tráfico actual, que puede afectar de forma positiva el medio ambiente. 
Pero “se puede quedar corta si no se mejora la política pública de transporte urbano y extraurbano, porque al final se está encareciendo la posibilidad de importar un carro barato”.
 
En ese sentido, dice que el sistema de Transmetro ha funcionado, pero “lo que se necesita es generalizarlo y crear redes”, porque “¿dónde está el Transmetro sobre la San Juan o la Roosevelt?”, se pregunta Velásquez, ambas calzadas principales de la Ciudad de Guatemala.
 
CREDITOS     
 
Analistas consultados por Diario La Hora y quienes prefirieron omitir su nombre, manifestaron que también es importante que se pueda generar una política que permita a las personas acceder a créditos con tasas razonables para adquirir vehículos de agencia.
 
«Existen en las agencias vehículos que muchas personas de clase media para abajo pueden adquirir. La oferta de carros chinos por ejemplo, es una alternativa, pero el problema es que se deben de asegurar tasas, podríamos decir decentes para los consumidores, porque de lo contrario no tendrían ningún chance de pagar el crédito. 
Creemos que es importante que al hacer el análisis de esos créditos, se debe tomar en cuenta el ingreso familiar, no solo el de la persona que pueda hacer, formalmente, la solicitud del crédito pues de lo contrario, es limitar las aspiraciones de mucha gente de medianos o escasos recursos para hacerse de un carro para transportarse él y su familia», dice uno de los analistas.
 
«La alternativa del transporte público es viable en países donde el mismo es bueno. Aquí los transportistas se roban el dinero del subsidio, el Estado es comparsa de ellos ya que los ayudan a ganar elecciones movilizando a la gente y por tanto pedirle a la gente que use el transporte público, es no tener una noción clara de la realidad. Mucha gente sueña con poderse hacer de un carro para dejar el transporte, no al revés», dice el analista.
 
AMBIENTE
 
Otro analista estima que parte de la propuesta tiene contradicciones y evidencia el juego con los transportistas. «Dicen que limitan la importación de carros viejos para proteger el ambiente, pero nada dicen de las camionetas viejas que tiran humo por todo el país. Eso es tremendo y demuestra una vez más, el nivel de corrupción que impera en el transporte colectivo sin que nuestras autoridades muevan un dedo porque son parte del juego», concluye.