Una obra de más de seiscientos millones de quetzales siempre despertará interés de los contratistas y ello se demuestra con el llamado a la licitación para construir una ampliación en Puerto Quetzal, proceso que se realiza a toda marcha y en el que los interesados deberán presentar sus ofertas el 21 de noviembre, para que dé tiempo a que el proceso de adjudicación del contrato sea efectuado por las autoridades que seguramente estarán entregando su puesto el próximo 14 de enero.
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La prisa es para ser ellos quienes adjudiquen y es de tal magnitud que se pasó por alto el requisito esencial de disponer de un estudio previo de factibilidad de la obra. El problema de este tipo de actitudes de autoridades que están terminando su gestión es que luego comprometen al país con decisiones que, a la hora de ser necesariamente revisadas, tienen consecuencias que son más graves ahora que por obra y gracia del Tratado de Libre Comercio, Guatemala no tiene soberanía para revisar sus propias decisiones cuando se involucre inversión extranjera y por lo tanto cualquier contratista que pudiera ganar la licitación, aunque fuera pagando mordida, tiene la certeza de que ni siquiera una revisión a fondo del proceso podría quitarle el negocio porque para ello están los árbitros internacionales que se encargan de sancionar al Estado que revisa la actuación de sus funcionarios.
Si las autoridades de la Portuaria tienen verdadero patriotismo y dedicación para proteger el interés nacional, tienen que asegurar que ese contrato cumpla con todos los requisitos previos, entre ellos el del estudio de factibilidad. Y mejor servicio le harían al país si dejan todo el proceso listo para que, con todas las de la ley, sean las futuras autoridades las que liciten y adjudiquen la obra. El argumento de que es una obra en la que pueden robar mucho, expresado por alguno de los funcionarios de la portuaria como elemento para justificar la prisa con la idea, supuestamente, de evitar que nuevos funcionarios hagan micos y pericos, es cabalmente el que obliga a pedirle al mismo Presidente de la República que detenga el proceso de licitación que al final de cuentas será una mancha imborrable para él.
Nadie se acordará de quiénes estaban en la Portuaria, no digamos en la junta de licitación encargada de adjudicar. Todo mundo se acordará que fue en las postrimerías del gobierno de í“scar Berger cuando se hizo a toda prisa, sin llenar requisitos tan obvios como el estudio de factibilidad, la convocatoria para disponer del gasto de más de seiscientos millones de quetzales. Si nos atenemos a la vieja expresión de funcionarios que se «conformaban con el módico diez por ciento de mordida», estamos hablando de la bicoca de ocho millones de dólares, más de sesenta millones de quetzales, que pueden ir a parar a algún bolsillo privado.
Por su propio prestigio y para evitar suspicacias el Presidente tiene que llamar al orden a los funcionarios de la Portuaria porque es evidente que ese negocio huele mal y que cae en la categoría de la Ley de Hidalgo que tacha de bruto al funcionario que antes de dejar el puesto deje algo. Si la ampliación del puerto urge, debieron hacerla antes, con tiempo y transparencia. Ahora lo que les corresponde, si quieren aparentar honestidad, es dejar todo el proceso listo para que, con estudio de factibilidad de por medio, el futuro gobierno se encargue de continuarlo. Dos meses más o dos meses menos, cuando dejaron pasar cuatro años, no significan más que la diferencia entre quién o quiénes se embolsan la comisión.