Nadie lo menciona abiertamente, pero el tema de la sucesión presidencial en Guatemala y las evidencias de que el oficialismo tratará de impulsar la candidatura de la esposa del Presidente de la República, es lo que despierta mayor interés. En efecto, nuestra Constitución prohí­be que los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente puedan optar al cargo, lo que evidencia que los constituyentes pensaron que la relación de parentesco podrí­a distorsionar por los favoritismos el modelo democrático, razón por la cual se impuso el candado.

Sin embargo, en el gobierno se está utilizando el criterio de que el Código Civil, en su artí­culo 190, establece que los cónyuges son parientes pero no forman grado, lo cual en realidad se refiere a la forma en que se contabilizan los grados de parentesco porque los hijos son los parientes de primer grado. Evidentemente se vendrá una seria disputa constitucional respecto a la interpretación que debe darse a esas dos normas que parecieran generar controversia y por lo tanto se anticipa que en Guatemala puede darse una situación similar a la que se ha vivido en Honduras por la discrepancia a la hora de interpretar la Constitución de la República.

Zelaya tuvo su propia interpretación del derecho soberano del pueblo y por ello no sólo contempló la primera consulta popular, que luego llamó encuesta, sino que promovió la cuarta urna que pretendí­a decidir sobre si se convoca o no a una Asamblea Nacional Constituyente, lo que romperí­a con los procedimientos de reforma constitucional contemplados en la Carta Magna de ese paí­s. El tema final de la consulta propuesta por Zelaya era la reelección, que no le podí­a beneficiar a él directamente, pero que rompí­a con el carácter pétreo de artí­culos constitucionales que impiden esa práctica que en nuestros paí­ses se asocia con los modelos antidemocráticos del despotismo de sucesivas dictaduras.

En Guatemala está sordamente sobre el tapete el tema de la candidatura de la esposa del Presidente de la República y al respecto todo mundo mantiene expectativa, tanto los que se oponen a que se produzca ese tipo de participación por considerar que violenta el espí­ritu clarí­simo de la prohibición expresa para que los parientes opten a la Presidencia, como de quienes alegan que la esposa no es pariente dentro de los grados de ley, esgrimiendo el argumento de que el Código Civil establece que entre cónyuges no se forma grado.

Y creo que es necesario empezar el debate para que no nos vaya a pasar lo de Honduras, donde al final de cuentas se produce un manotazo que deja al paí­s en el limbo. Es mejor hablar y tratar de esclarecer la situación cuanto antes, porque es obvio que ese será el tema central de la polí­tica criolla en lo que resta del mandato de Colom.