Esta tarde el presidente Colom hará pública su decisión respecto al decreto que aprobó el Congreso restableciendo el indulto presidencial, lo que teóricamente permitiría ejecutar la pena de muerte a quienes han sido sentenciados a sufrir tal castigo y a quienes reciban condena en tal sentido en el futuro. Todas las expresiones que el Presidente ha tenido en los últimos días apuntan a un veto al decreto referido, porque ha dicho que se trata de una decisión entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte y, obviamente, nadie puede estar a favor de una cultura de la muerte, aunque esté a favor de la pena capital.
Suponemos que el Presidente vetará hoy ese decreto del Congreso y que volverá al pleno para que decida si acepta el veto o si, con el voto de 105 diputados, lo rechaza y ordena su publicación. Aun entendiendo que hay camino por recorrer, estamos suponiendo que el gobernante será congruente con sus expresiones de estos días y anunciará el veto, lo que ha de generar una agria reacción de muchos sectores en el país porque es indudable que todos estamos hasta la coronilla de tanta violencia y la mayoría supone que la pena de muerte sería alguna forma de solución o, por lo menos, de repudio a la criminalidad.
En cualquier caso, los ciudadanos tenemos que reparar en que al final de cuentas es más importante la certeza de administración de justicia que el tamaño de la pena, porque sea ésta de muerte o de prisión, si no hay investigación que sustente los procesos y no hay aplicación correcta de la ley, de nada nos sirve legislar aumentando o reduciendo las penas. Lo primero es saber que la pena, cualquiera sea su dimensión, será aplicada conforme a derecho y que nadie que cometa un crimen podrá evadir la acción de la justicia.
En otras palabras, más importante que la inyección letal es exigir a nuestros operadores del sistema de justicia que cumplan con sus deberes, que apliquen correctamente la ley para terminar con la impunidad. Estadísticas confiables demuestran que ni siquiera el 3 por ciento de los delitos que se cometen llegan a recibir una condena y generalmente se castiga a los más pendejos, a los que no saben utilizar los vericuetos de nuestro sistema para gozar de impunidad. En otras palabras, los peores criminales y los que más reinciden, se las saben todas y el brazo de la justicia siempre queda muy lejos de ellos porque nuestro Estado no puede cumplir con uno de sus fines esenciales y no castiga al verdadero criminal.
Cambiar esa realidad debe ser el primer reto, antes de discutir sobre la magnitud de las penas porque eso sirve de poco si al final de cuentas no se aplicarán a nadie más que a los que de al tiro no saben sacar raja a la penosa característica del sistema.