Tras el derrocamiento espurio y vergonzoso del coronel Jacobo Arbenz Guzmán, se empezó a poner en práctica un sistema de corrupción que se convirtió en la forma típica de hacer gobierno. Esta corrupción -que iba desde los policías hasta los Presidentes-, se hacía lo más discretamente posible, quizás porque todavía quedaba en la conciencia de funcionarios y empleados el temor a Ubico que a trancazos implantó la honestidad o el ejemplo del doctor Arévalo y el coronel Arbenz que estuvieron en el poder para trabajar en pro de los guatemaltecos y no para robar las arcas nacionales.
Esta situación cambió a partir del «retorno a la era democrática» con la llegada de Vinicio Cerezo al poder quien demostró que no solo se podía huevear, sino que se podía hacer con cinismo y descaro y basta para muestra dos botones. El primero cuando ya en la fase final de la campaña, antes de llegar a la presidencia, en público, en vivo y a todo color dijo su famosa frase «mi abuelita me dijo que había que robar pero no mucho», lo cual demostró después al «vender» la línea aérea nacional Aviateca, sin la autorización del Congreso, violando así normas constitucionales claras, y dicen por allí que por este negocito ganó la suma de Q18 millones que compartió en mínima parte con un su ministro chaparrito, regordete y calvo. Vaya usted a saber si será cierto lo del pisto, porque la venta ilegal sí lo fue ante la mirada asombrada de todos, constitucionalistas o no constitucionalistas.
Después estuvo Serrano Elías quien con cinismo heredado de su antecesor dijo que «no había robado sino que solo había tomado los confidenciales que le correspondían». Esos gastos confidenciales, que durante el régimen de Cerezo sumaron más de 450 millones de quetzales, le representaron a Serrano apenas 150 millones porque no pudo terminar su período. Tales gastos solo los tenían el Presidente, el Ministro de Relaciones Exteriores y el de Gobernación y por supuesto el de la Defensa que sus cuentas eran y aun son, secretos de Estado.
Para obtenerlos bastaba firmar un recibo de esos normales que venden en cualquier imprenta, sin que, por supuesto se le adhirieran timbres de cualquier naturaleza.
Con las reformas constitucionales, supuestamente esos gastos se eliminaron, pero entonces surgieron otra clase de negocios más rentables como el «vender» la Empresa Eléctrica y la entonces llamada Guatel, donde esas viperinas lenguas dicen que corrieron millones de dólares (no quetzales), como parte de la comisión que recibieron algunos, fuera de que se les dio durante algún tiempo, un centavo de dólar por cada kilovatio facturado al mes. ¿Cuántos millones de kilovatios se facturarán al año? A mí no me consta, solo me lo contaron, pero fíjense que sí lo creo.
Y se recuerdan de Portillo y de Berger y ahora, el binomio Torres-Colom. Cuyos funcionarios han sido acusados públicamente de hacer pistarrajales, especialmente en este gobierno, a través de ONG, FONAPAZ, FODIGUA, FONTIERRA, COVIAL y otras, en donde los medios de comunicación especialmente Prensa Libre y elPeriódico han presentado pruebas DOCUMENTALES y el Ministerio Público sigue descansando en paz al igual que el pico de oro del Contralor General de Cuentas.
En este gobierno, el cinismo indignante para saquear las arcas nacionales tiene una nueva modalidad: la de «ampliar la base impositiva,» es decir ya las comisiones a los «empresarios» no solo las cobran algunos funcionarios, sino casi todos, incluyendo a los señores diputados, que no contentos con ganar pisto sin trabajar, cobran comisiones y designan obras y empresas que las hagan, para lucrar más, incluso en el juego han entrado la ONG de Cohesión Social y los autobuseros, que han recibido desde tiempos de Lucas hasta la actualidad, miles de millones de quetzales sin que mejoren el servicio, ni se preocupen por la muerte de sus pilotos.
 En lo personal he sufrido robos de diferente naturaleza y me indigna la impotencia para por lo menos castigar a alguno de los responsables. Afortunadamente tenemos un pueblo aguantador que, como editorialistas y columnistas, solo protestamos, mientras los ladrones se burlan de nosotros.
La Constitución, que la mayoría se la pasa por el arco del triunfo, dice en su artículo 155 que para los funcionarios, empleados, y dignatarios del Estado, la responsabilidad civil prescribe en 20 años y la penal por el doble del tiempo que la ley penal establezca para la prescripción de los delitos, lo cual me recuerda que aún no se ha consumado la prescripción para ex funcionarios de anteriores gobiernos y que al binomio Torres-Colom, solo les quedan menos de dos años para gobernar y después, ellos y todos los que los acompañaron serán ciudadanos comunes y corrientes sin derecho a antejuicio, salvo Colom y Espada si se refugian en el nido de haraganes llamado Parlacen. Lo único que falta es que al fin tengamos un presidente con alma, corazón y huevos que utilice su poder en todos los organismos e instituciones supuestamente autónomos, para trabar a los cínicos ladronazos. ¿Llegará ese día?…