El actual gobierno ha venido demostrando que cuando se quieren hacer cambios se pueden hacer, y que se necesita la decisión política para llevarlos a cabo, como fue el reciente acuerdo entre la minera y el actual régimen, para incrementar las regalías de un vergonzoso 1% a un nivel de un 3%, mejora considerable, con respecto a lo ominoso y entreguista que se había plasmado en la ley que incluye el porcentaje de regalías vigentes todavía.
Sin duda un paso trascendental, un avance significativo, una mejora sustancial en los ingresos del Estado y que allana el camino para otras medidas que vendrían a configurar una relación más sólida, menos conflictiva y estratégica para el Estado de Guatemala y así proveer de reglas claras y permanentes para las empresas transnacionales como lo es Gold Corp.
Ahora corresponde realizar los cambios legales correspondientes en el marco normativo que sustenta la relación entre el Estado de Guatemala, a través del Gobierno y de su Ministerio de Energía y Minas, con este tipo de empresas, para que el acuerdo alcanzado trascienda en una ley y su reglamento respectivo. En la ley habría que ir más lejos y asegurar un mecanismo que permita el ajuste automático de las regalías en función del precio internacional del recurso que se esté explotando. Porque mejorar la regalía resultaba una cuestión de honor, pero tampoco se puede quedar ahí. Es necesario establecer ajustes mínimos y lógicos vinculados con el precio internacional del recurso, en este caso el oro, que permita una regalía adecuada y que no pretende ahogar a una empresa, ni tampoco que les permita enriquecerse sin el pago correspondiente al Estado y así captar un porcentaje adecuado de los grandes excedentes que actualmente obtienen lógicamente estas empresas. Para ello es necesario establecer un piso o un porcentaje mínimo de regalía, pero el techo o la regalía máxima debe regirlo el precio del recurso explotado, sin pretender ahogar a la empresa que lo trabaje, pero que si permita un cobro adecuado y digno para el país.
Sin embargo, no todo termina ahí. La regalía es un instrumento financiero, pero la mayor problemática alrededor de la exploración y explotación de recursos naturales se centra en la conflictividad social que se produce alrededor de las poblaciones en donde se encuentra el trabajo de extracción de recursos como el oro. De todos es conocido ampliamente que la presencia de la minera en referencia ha causado enormes problemas sociales en las poblaciones circundantes y esta situación nace justamente en una negociación que da vergüenza con las regalías por parte de las autoridades que actuaron en su momento, de espaldas al país y a sus pueblos, pero solícitos con los inversionistas, para propiciar inversión, pero que esconden el enriquecimiento ilícito de funcionarios pasados.
Para ello es necesario, en primer lugar, un proceso continuo de información acerca del trabajo de exploración y explotación con los pobladores que habitan en las cercanías de estas inversiones. En segundo lugar, se debe ser claro de cuáles son los beneficios que dicha inversión tendrá para sus localidades y poblaciones –tanto de las empresas como de los recursos que llegan al Ministerio de Energía y Minas y las propias municipalidades. Tercero, se debe ser honesto en cuanto la incorporación de mano de obra de las personas en la localidad, tanto en aquellas actividades en donde se capacitará mano de obra para especializarla; aquellas labores que no requieren mano de obra calificada y la inserción de mano de obra femenina. Cuarto, el Ministerio de Trabajo debe cautelar cuidadosamente el pago de salarios mínimos correspondientes. Quinto, se debe ir más allá de las escuelas, consultorios y otras cuestiones tradicionales, para pensar en arreglos estratégicos que propicien la creación de propiedades accionarias para las poblaciones locales y así hacerlos socios de los beneficios o réditos propios de la empresa, en términos temporales y en porcentajes adecuados. Sexto, no se debe olvidar la necesidad de introducir manejos sostenibles en la exploración y explotación del recurso para no afectar las condiciones ambientales y de los recursos naturales en el área, por medio de Consejos Técnicos de Monitoreo y Evaluación independientes, que incluyan al Gobierno, la academia, el sector privado y la Iglesia, por ejemplo.
El acuerdo entre mineras y gobierno, sin duda es un buen principio, es necesario reconocerlo, pero el mismo es únicamente un paso en el largo caminar para encontrar soluciones de largo alcance y que beneficien a las poblaciones circundantes de una forma concreta, explícita y real y contribuyan a un manejo sostenible de los recursos naturales y su entorno ambiental.